La 4T lo volvió a hacer. Frente al mayor revés comercial de los últimos años, el gobierno de Claudia Sheinbaum eligió otra vez el camino de la omisión y la falta de definiciones. Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC por 16 años. El tratado no se murió, pero ya no será el que se esperaba. Ahora México vivirá bajo revisión anual, año tras año, con la incertidumbre permanente de quien sabe que las reglas pueden cambiar cada 12 meses. Y la 4T, en vez de reconocer el golpe y explicar un plan claro, se dedicó a minimizar: “sigue vigente hasta 2036”, “se puede renovar en cualquier momento”, “no pasa nada”. Como si la certidumbre de largo plazo fuera un detalle menor.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no se quedó callada. En un mensaje contundente, volvió a poner el dedo en la llaga y conectó lo que el gobierno federal prefiere separar: la protección a los suyos y el costo que ya está pagando el país.
“Hace unas semanas les advertí sobre los riesgos que corría México si el gobierno Federal seguía protegiendo a los gobernantes señalados por la justicia de Estados Unidos. Hoy, lamentablemente esos riesgos ya son una realidad. Estados Unidos se negó a renovar el tratado de Libre Comercio. México va a vivir bajo revisión anual año tras año, lo que significa incertidumbre permanente para quien invierte. Pues nadie invierte donde las reglas pueden cambiar cada 12 meses.”
Y la primera factura ya llegó. Toyota anunció el traslado de su producción de Tijuana a Texas. Empleos y capital que se van. Gradual, dirán algunos. Pero la pérdida de confianza también es gradual: primero una línea de producción, luego una planta y después un país. Porque de eso se trata todo esto: de confianza. Y el capital huye de donde el Estado de derecho se negocia.
En México, la 4T negocia la ley. La prueba está a la vista. Rubén Rocha Moya sigue sin rendir cuentas. Dicen que está “localizable”. Pero localizable no es lo mismo que responsable. La Fiscalía General de la República declaró que no tiene pruebas suficientes, que el caso no reúne el parámetro probatorio para proceder. Mientras Sinaloa entero ha vivido la tragedia de los vínculos de sus autoridades con el crimen organizado, en la Ciudad de México se decide proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos.
Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado. Ese es el pacto que se protege en la 4T. Y ese es el pacto que México urge necesita romper.
México pierde competitividad, pierde Estado de derecho, pierde inversión, pierde confianza. Y miles de familias —especialmente en estados manufactureros y exportadores como Chihuahua— pagan la decisión de Morena de proteger a los suyos antes que proteger al país.
Maru Campos lo dijo sin rodeos y con la claridad que le falta al gobierno federal: “Al gobierno Federal le pido una vez más que recapacite, que actúe, que los señalados rindan cuentas ante la justicia, que rompan el pacto de complicidad. Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos.”
Y a los ciudadanos honestos les recordó lo esencial: no soltemos el tema. No permitamos que lo tapen con mañaneras, cortinas de humo ni discursos de patriotismo simulado. Las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Dónde está Rocha Moya? ¿Por qué protegen a los señalados? ¿Cuánto más le va a costar a México esta complicidad?
La 4T prefiere la omisión a la definición. Prefiere el “todo está controlado” a reconocer que el T-MEC ya no será el de largo plazo que se esperaba, y que la protección a los suyos tiene un precio que empieza a cobrarse en empleos, en inversión y en confianza.
La patria es primero. No su partido.
Esa es la diferencia entre gobernar un país y proteger una red.