Este martes y miércoles comparecerán ante un juez federal cinco agentes de la Guardia Nacional asignados al Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, acusados de los delitos de secuestro y extorsión. Los hechos ocurrieron los días 2 y 3 de julio, cuando los uniformados retuvieron a pasajeros y les exigieron dinero a cambio de permitirles continuar su viaje.
Los detenidos son: Fernando P. R. (34 años), Horacio De la C. S. (24), Alfredo G. C. (31), el sargento primero Jesús Gerardo R. A. (43) y Jonathan de Jesús O. V. Las causas penales 439/2026 y 443/2026, así como la carpeta de investigación 1407/26, fueron abiertas por la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, el 2 de julio cuatro de los agentes retuvieron a un pasajero procedente de la Ciudad de México por más de 20 minutos. Le quitaron su teléfono celular, contactaron a sus familiares y exigieron el pago de 15 mil pesos. El dinero fue transferido a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los agentes. Al día siguiente, 3 de julio, Jonathan de Jesús O. V. fue sorprendido por el administrador del aeropuerto cuando exigía 3 mil pesos a otro pasajero, procedente de Tapachula, Chiapas, a cambio de permitirle abordar un taxi y abandonar las instalaciones.
Un juez federal definirá este martes la vinculación a proceso de Jonathan de Jesús O. V., mientras que los otros cuatro agentes comparecerán el miércoles 8 de julio.
El caso expone, con crudeza, la degradación de una institución que fue creada precisamente para combatir la delincuencia y que, en este episodio, terminó reproduciendo las conductas que dice combatir. Retener a personas en un aeropuerto internacional, quitarles el teléfono, llamar a sus familias y exigir dinero a cambio de dejarlos pasar no es un “error operativo”: es un acto deliberado de extorsión con características de secuestro express, ejecutado por elementos armados y uniformados que supuestamente resguardan el orden.
Que el dinero haya sido transferido directamente a la cuenta de la esposa de uno de los agentes revela planificación y una sensación de impunidad que resulta particularmente alarmante en un punto estratégico como el aeropuerto de Ciudad Juárez. No se trató de un hecho aislado: ocurrieron dos incidentes en días consecutivos, con diferentes víctimas y montos, lo que sugiere que la práctica podía estar instalada con cierta naturalidad entre los elementos asignados a ese puesto.
El hecho de que uno de los agentes haya sido detectado por el propio administrador del aeropuerto —y no por sus superiores jerárquicos— también dice mucho sobre los controles internos de la Guardia Nacional en ese punto. Mientras tanto, los pasajeros que arriban a una de las fronteras más transitadas del país se encontraron, paradójicamente, con que la amenaza no venía del exterior, sino de quienes portaban el uniforme federal.
Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de cuestionamientos sobre el desempeño, la disciplina y los filtros de una corporación que concentra cada vez más responsabilidades en materia de seguridad. Por ahora, cinco de sus elementos enfrentarán la justicia federal por convertir un aeropuerto en un punto de cobro. La pregunta que queda flotando es cuántos casos similares no han sido detectados y cuánta confianza puede depositar la ciudadanía en quienes deberían protegerla cuando, incluso en un espacio vigilado y con cámaras, algunos agentes optaron por actuar como los delincuentes que dicen combatir.