CHIHUAHUA, CHIH.- En una ríspida y cerrada votación que requirió el voto de calidad de la presidencia, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó una proposición con carácter de punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Sánchez Villegas. La iniciativa busca frenar los efectos del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles vinculadas a datos de identidad y biométricos de los usuarios, una medida que el legislador calificó abiertamente como una «tecnodictadura» y una «ley espía».
Durante una encendida participación, Sánchez Villegas lanzó una proclama en defensa de las garantías individuales y la libertad de pensamiento, asegurando que el celular se ha convertido en una herramienta indispensable de trabajo y recreación que no debe estar sujeta al control desmedido del Estado.
“Han despertado al Lobo del Norte, al puma del centro y al jaguar del Sur; y que quede claro, no nos vamos a doblegar. No será bajo la vigilia de millones de patriotas que al unísono levantan la voz que se imponga una tecnodictadura en México. Pretender que unos burócratas tengan la capacidad de darte una ‘muerte civil’ o suspender tu línea si eres crítico a este régimen es una arquitectura totalitaria”, fustigó el legislador de Movimiento Ciudadano.
Los alcances del acuerdo aprobado
A pesar de la resistencia de la bancada opositora, el punto de acuerdo resolvió lo siguiente:
1. Exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Solicitar formalmente que impulse el procedimiento constitucional para realizar una consulta popular de trascendencia nacional, con el fin de poner a votación si los ciudadanos están de acuerdo en entregar sus datos biométricos y de identidad para el registro obligatorio de líneas celulares.
2. Exhorto al Poder Ejecutivo Federal: Demandar respetuosamente que suspenda de manera inmediata los efectos obligatorios, restrictivos y sancionatorios de dicho registro —incluyendo cualquier amago de suspensión, bloqueo o cancelación del servicio— en tanto no se resuelva la consulta popular correspondiente.
El legislador llamó a los usuarios cuyas líneas telefónicas tienen terminaciones próximas a vencer a iniciar una etapa de «desobediencia civil» y resistencia pacífica frente a lo que denominó abusos de las oligarquías bancarias, telefónicas y de las propias instituciones de telecomunicaciones.
Pugna legislativa: Morena acusa «ridículo nacional» y falta de fundamento legal
La propuesta desató un intenso debate en el pleno. Al hacer uso de la palabra para emitir un voto razonado en contra, el diputado de Morena, Oscar Avitia, arremetió severamente contra la iniciativa de Sánchez, tachándola de ser una ocurrencia de «chicanada política» que carece de sustento constitucional y legal.
Avitia argumentó que el artículo 35 de la Constitución Federal prohíbe expresamente someter temas de seguridad nacional a consulta popular. Detalló que el registro de líneas tiene como fin exclusivo combatir delitos graves como la extorsión, el fraude y el secuestro virtual, por lo que desmantelarlo afectaría las facultades de inteligencia del Estado.
«Aprobar esto es emitir un exhorto que en los hechos no va a prosperar ni en la Cámara de Diputados ni ante la Suprema Corte. El Congreso del Estado se expone al ridículo nacional al generar falsas expectativas ciudadanas e incertidumbre jurídica. Defender la libertad no se hace violando el marco constitucional que nos protege», reviró Avitia, cuestionando además a quién busca verdaderamente proteger el iniciador.
Voto de calidad define el rumbo
Tras concluir el debate, el sistema electrónico registró un empate técnico de cuatro votos a favor y cuatro votos en contra. Ante el panorama, el diputado presidente Guillermo Ramírez Gutiérrez ejerció su voto de calidad constitucional, inclinando la balanza en favor de la propuesta de Francisco Sánchez. El acuerdo fue enviado formalmente a las autoridades federales competentes desde la sede del Poder Legislativo este 30 de junio de 2026.