Alarma en Chihuahua: Suman 29 amenazas falsas de tiroteo por «retos virales» en escuelas; Fiscalía descarta endurecer penas

Durante los meses de mayo y junio se dispararon los reportes originados en redes sociales. El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, y el titular de la Fiscalía Especializada, aclararon que la ley actual es suficiente y que penalizar a los padres violaría la Constitución.

CHIHUAHUA, CHIH. — Un preocupante repunte en las amenazas de tiroteo dentro de planteles educativos —principalmente secundarias de la capital— ha movilizado a los cuerpos de seguridad en los últimos meses. De acuerdo con datos de la Unidad de Investigación de Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Fiscalía del Estado, de marzo a lo que va de junio de 2026 se han atendido un total de 29 eventos de este tipo, todos clasificados hasta el momento como falsas alarmas motivadas por retos de redes sociales.

El desglose estadístico de la corporación refleja la velocidad con la que se propagó este fenómeno:

 Marzo: 2 eventos

 Abril: 5 eventos

 Mayo: 18 eventos (el mes con mayor incidencia)

 Junio: 4 eventos (registrados hasta la fecha)

El agente del Ministerio Público adscrito a la unidad, el licenciado Tintori, detalló que estas alertas ingresan principalmente a través del sistema de emergencias 911. Un ejemplo reciente ocurrió en la Secundaria Estatal 3015, donde los agentes ministeriales activaron el protocolo de contención en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Sin consecuencias penales: se procesan como faltas administrativas

A preguntas expresas sobre las sanciones a los responsables, la representación social admitió la complejidad para identificar a los autores debido al anonimato en redes. Al momento, solo se ha logrado identificar a dos menores de edad.

Debido a la naturaleza de los hechos, el caso no alcanza la vía penal y es canalizado como una falta administrativa. El protocolo actual consiste en citar a los padres de familia para una entrevista formal, aplicar una intervención de contención psicológica con el adolescente y emitir un apercibimiento legal para garantizar que la conducta no se repita.

Descartan reformar la ley para castigar a los padres

Ante el cuestionamiento sobre la necesidad de endurecer las leyes vigentes o sancionar penalmente a los tutores por la movilización innecesaria de recursos públicos, el Fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, descartó de manera tajante buscar una reforma legal.

«Con la legislación que se tiene, si se aplica de manera adecuada, es suficiente. Los problemas del derecho penal no tienen que ver con reformas, sino con la aplicación de la ley a casos concretos», señaló Araiza.

El fiscal aclaró que sancionar a un adulto por los actos de su hijo equivaldría a una «pena trascendente», algo estrictamente prohibido por el artículo 22 de la Constitución Mexicana, el cual estipula que la responsabilidad penal es estrictamente individual. No obstante, acotó que por la vía civil los padres sí podrían ser obligados a responder financieramente por los daños o perjuicios ocasionados.

El impacto invisible: el daño psicológico

Finalmente, el fiscal Araiza enfatizó que, aunque afortunadamente estos eventos se han quedado en el terreno de las amenazas y las «bromas», no se les puede restar importancia ni tomarlos a la ligera a priori.

«Si bien es cierto que la amenaza no causa un daño físico material, sí causa incertidumbre, miedo y una afectación psicológica en compañeros, maestros y padres ante la posibilidad de un tiroteo», concluyó, reiterando que la Fiscalía continuará apostando por planes de trabajo específicos orientados a la prevención, la cultura de la paz y la concientización familiar.

Narcotráfico, la principal causa de arresto en menores

En la misma comparecencia, la Unidad de Adolescentes reveló que, de enero a junio del presente año, se han concretado 44 detenciones o puestas a disposición de menores de edad.

Las autoridades precisaron que la gran mayoría de estas capturas están directamente relacionadas con el delito de posesión de narcóticos con fines de venta o suministro (narcomenudeo), seguidas en menor escala por delitos de daños, lesiones imprudenciales y robo agravado.

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