POR HORUS La Columna
El alcalde de Juárez llegó al Congreso a explicar el ISR no enterado al SAT, pero terminó ofreciendo un discurso electoral donde la culpa siempre apunta hacia otro lado
Por momentos parecía que el Congreso del Estado había cambiado la sede de una comparecencia por la de un acto anticipado de campaña. La cita era para que Cruz Pérez Cuéllar explicara el polémico tema del ISR que el municipio de Juárez no enteró al SAT, pero el guion terminó siendo otro: aplausos, defensa política, acusaciones al adversario y, como ya es costumbre, una vuelta más al expediente de Armando Cabada.
La fórmula no es nueva: cuando la pregunta incomoda, la respuesta busca un culpable anterior.
Cruz acudió a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) con una narrativa perfectamente preparada: el problema viene de administraciones pasadas, él llegó a corregir, y cualquier señalamiento actual forma parte de una estrategia política en su contra.
El problema es que la administración pasada no gobernó todo el tiempo.
Y ahí apareció la pregunta incómoda que el alcalde no terminó de resolver: si el supuesto fraude a la ley ocurrió antes de su llegada, ¿por qué el problema siguió cuando él ya estaba sentado en la silla presidencial?
Porque hay un dato que no desaparece con discursos: entre octubre y diciembre de 2021, ya durante la administración de Pérez Cuéllar, existiría un impacto aproximado de 18 millones de pesos relacionado con omisiones en el ISR.
La aritmética administrativa tiene una característica poco agradable para los políticos: no entiende de narrativas.
“Me enteré en 2022”: la respuesta que abre más preguntas
Ante los cuestionamientos del diputado panista Jorge Soto, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que tuvo conocimiento del problema hasta 2022, luego de una auditoría realizada por la Secretaría de Hacienda federal.
“Me enteré en el 2022 por una auditoría”, afirmó.
La explicación fue que, una vez detectadas las irregularidades, su gobierno comenzó a corregirlas y posteriormente destinó recursos para atender los adeudos históricos mediante la partida de “Resultados de ejercicios anteriores”.
La defensa parece sencilla: yo no provoqué el incendio, yo llegué a apagarlo.
Pero la política tiene una regla incómoda: cuando alguien asume el gobierno también asume la responsabilidad de lo que ocurre bajo su administración.
Y aunque Cruz insiste en que los adeudos corresponden principalmente a ejercicios fiscales anteriores, tampoco pudo borrar del escenario una pregunta clave: ¿hubo consecuencias para quienes permitieron que la omisión continuara?
La respuesta quedó en manos de la Contraloría Municipal, a la que, según dijo, solicitó revisar posibles responsabilidades hasta 2024.
Es decir, primero se detectó el problema, después se pagó, y mucho después se buscó determinar quién pudo haber sido responsable.
Una curiosa velocidad burocrática.
El gran acto de magia: desaparecer la responsabilidad cambiando de culpable
Durante la comparecencia, el nombre de Armando Cabada apareció como el comodín perfecto.
Cada vez que el expediente del ISR se complicaba, la conversación regresaba al mismo punto: la administración anterior.
Y nadie niega que revisar responsabilidades de gobiernos anteriores sea necesario. Lo cuestionable es convertir esa explicación en una respuesta permanente.
Porque si todo lo malo viene del pasado, entonces surge una duda lógica: ¿para qué sirven los nuevos gobiernos si durante años sólo administran problemas heredados?
Gobernar también implica hacerse cargo de lo que ocurre mientras se gobierna.
Barredoras millonarias: “como no hubo observaciones, no hay problema”
Otro capítulo de la comparecencia fue el contrato de arrendamiento de barredoras mecánicas por alrededor de 105 millones de pesos.
La defensa del alcalde fue mostrar documentos de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y afirmar que no existía ninguna observación.
La lógica fue casi matemática: la auditoría no observó irregularidades, por lo tanto, no existe problema.
Pero ahí está el pequeño detalle que suele olvidarse en los discursos políticos: una auditoría revisa lo que tiene bajo su alcance. No necesariamente responde si una compra fue la mejor decisión, si el costo era adecuado o si existían mejores alternativas para gastar el dinero público.
Que un contrato exista no significa automáticamente que haya sido la decisión más eficiente.
La pregunta ciudadana no sólo es si las barredoras estuvieron en papel.
La pregunta es cuánto costaron, qué beneficio generaron y si valieron lo que se pagó por ellas.
De comparecencia a precampaña: el 2027 apareció hasta donde no lo invitaron
Quizá el momento más revelador llegó cuando Cruz Pérez Cuéllar dejó de hablar del ISR y comenzó a hablar del futuro electoral.
El alcalde acusó al PAN de intentar sacarlo de la contienda de 2027 mediante una reforma electoral y aseguró que sus adversarios están “aterrados” porque saben que van a perder.
Una interpretación bastante conveniente: cualquier reforma que pueda afectar sus aspiraciones ya tiene dedicatoria, aunque todavía esté en discusión.
La víctima electoral apareció antes que el candidato.
Y mientras acusa a otros partidos de querer intervenir en la vida interna de Morena, el propio alcalde confirmó que solicitará licencia para participar en el proceso interno de su partido.
La contradicción es evidente: denuncia intromisiones mientras entra de lleno a la carrera política.
“Los números son fríos”: sí, pero también las cuentas pendientes
Cruz presumió sus resultados electorales y recordó que pasó de 213 mil votos en 2021 a 354 mil en 2024.
“Los números son fríos”, dijo.
Y tiene razón.
Los números son fríos cuando hablan de votos.
Pero también son fríos cuando hablan de adeudos, recargos, multas, contratos millonarios y responsabilidades administrativas.
Porque los ciudadanos no sólo votan con la memoria electoral; también evalúan servicios, transparencia y resultados.
Cruz salió del Congreso como llegó: con la narrativa intacta
Al final, la comparecencia dejó una imagen clara.
El alcalde de Juárez no llegó solamente a responder preguntas sobre el ISR. Llegó a defender su futuro político.
Hubo discursos contra el PAN, señalamientos de persecución, defensa de contratos y una buena dosis de promoción personal rumbo al 2027.
Pero entre tantos argumentos quedó flotando una pregunta que no respondió completamente:
Si el problema del ISR era heredado, ¿por qué durante su gobierno también hubo omisiones?
Porque al final, ni Cabada ni Cruz pagarán las consecuencias políticas o económicas de una mala administración.
Las cuentas pendientes, los recargos y cualquier afectación al erario tienen un solo destinatario final:
Los juarenses.
Mientras los detractores de la Gobernadora contaban ausencias, la mandataria regresó con agenda, acuerdos y una sonrisa que pareció molestar más que cualquier discurso
En política hay una vieja costumbre: cuando un gobernante no está en el lugar donde algunos esperan verlo, de inmediato aparecen los especialistas en medir kilómetros, escritorios ocupados y fotografías oficiales.
Para algunos críticos de la gobernadora María Eugenia Campos Galván encontraron un nuevo pasatiempo: contar sus días fuera de Palacio de Gobierno.
La narrativa estaba lista: “la gobernadora no está”, repetían con la emoción de quien descubre una gran revelación política.
Pero llegó el momento incómodo para los detractores: Maru Campos regresó de la Ciudad de México y, en lugar de aparecer preocupada o a la defensiva, llegó sonriente, tranquila y hasta con una rueda de prensa improvisada en el patio trasero de Palacio de Gobierno.
Una escena que, para algunos, resultó más incómoda que cualquier declaración.
Porque el problema no era dónde estaba la gobernadora.
El problema era que regresó con resultados.
La “ausencia” que terminó siendo agenda
Con un semblante relajado, Campos Galván respondió a los cuestionamientos de reporteros de distintos medios, incluidos aquellos que llegaron con la intención de encontrar una contradicción o una frase polémica.
Pero la mandataria no entró al juego.
Explicó que su tiempo reciente estuvo concentrado en atender asuntos prioritarios para su administración, sosteniendo reuniones con integrantes de su gabinete, particularmente con las áreas de Salud y Hacienda, además de revisar proyectos de infraestructura y programas relacionados con su visión de gobierno.
La frase que seguramente incomodó a quienes habían construido la crítica fue sencilla:
“No necesita uno venir a Palacio de Gobierno para estar trabajando”.
Y es que en la vieja política todavía algunos creen que gobernar significa estar sentado detrás de un escritorio para que las cámaras puedan comprobar que la silla tiene dueño, o salir todas las mañanas en una intento de rueda de prensa, más bien propagandística, a decir falsedades o como ellos dicen otros datos de una realidad que vive México.
La realidad es que los gobiernos se evalúan por resultados, no por fotografías del despacho.
Mientras unos cuentan días, otros cuentan resultados
La gobernadora recordó que su administración se encuentra en una etapa decisiva, con poco más de un año por delante, por lo que se está acelerando la ejecución de proyectos y acciones.
En otras palabras: mientras algunos estaban concentrados en hacer inventarios de ausencias, el gobierno estatal asegura estar concentrado en cerrar una administración con obras, programas y resultados.
La diferencia de enfoques es evidente.
Unos hacen política desde la crítica permanente.
Otros desde la gestión.
“No somos un gobierno de la muerte”: Maru endurece discurso contra la Federación
Uno de los mensajes más fuertes de Campos Galván fue en materia de seguridad.
La gobernadora afirmó que Chihuahua mantiene una estrategia enfocada en fortalecer a las corporaciones policiacas, pese a la reducción de fondos federales destinados a seguridad.
“Estamos comprometidos para combatir las incidencias delictivas”, señaló.
Además, lanzó una crítica directa al modelo federal al afirmar que su administración trabaja “como un gobierno de la vida” y no como un gobierno de la muerte.
La declaración elevó nuevamente el tono del enfrentamiento político entre Chihuahua y la Federación, particularmente por la desaparición de fondos, fideicomisos y programas que anteriormente tenían impacto en estados y municipios.
Todos los estados están en rojo: el reclamo por los recortes federales
Otro de los mensajes centrales de la gobernadora fue la advertencia sobre la situación financiera de las entidades federativas.
Campos Galván aseguró que Chihuahua no es un caso aislado y que todos los estados del país enfrentan presiones derivadas de la disminución en participaciones y aportaciones federales.
“Todos los estados de la República al mes de mayo están en rojo”, afirmó.
La mandataria explicó que la reducción en la recaudación federal ha provocado una caída superior al 8 por ciento en recursos transferidos a los gobiernos estatales, generando dificultades para mantener programas y servicios.
En su crítica incluyó la eliminación de fideicomisos, fondos de seguridad y apoyos sociales que, dijo, dejaron una mayor presión financiera para las entidades.
La oposición intentó convertir la ausencia temporal de Maru Campos en un símbolo de debilidad política.
Pero ocurrió algo distinto.
La discusión terminó colocando nuevamente en la agenda los temas que la gobernadora quería destacar: seguridad, finanzas estatales, coordinación institucional y defensa del presupuesto para Chihuahua.
A veces, en política, el intento de golpear termina funcionando como altavoz.
Y eso parece haber ocurrido esta vez.
Maru volvió a Palacio, pero la discusión ya estaba en otro lugar
Los críticos esperaban encontrar una gobernadora ausente.
Encontraron una mandataria sonriente, defendiendo su agenda y respondiendo preguntas.
La silla de Palacio estuvo vacía algunos días, pero la agenda gubernamental —según la versión de la administración estatal— siguió llena.
Al final, la política tiene una regla no escrita: las ausencias se explican con palabras, pero los resultados se defienden con hechos.
Y mientras unos siguen contando dónde estuvo Maru Campos, ella parece decidida a que la conversación sea sobre qué hizo mientras no estaba.
Mientras otros hacen ruido, el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña hace territorio.
Mantiene una agenda de cercanía con sectores sociales, productivos y ciudadanos, lejos del protagonismo de escritorio y más cerca de la operación política real
En tiempos donde algunos políticos parecen creer que gobernar es aparecer todos los días en la fotografía correcta, hay quienes prefieren una estrategia menos escandalosa pero más efectiva: caminar el territorio, escuchar y construir acuerdos.
Ese parece ser el camino que ha elegido el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien esta semana nuevamente prepara una agenda intensa de reuniones y recorridos fuera del escritorio.
Porque mientras algunos personajes políticos están más concentrados en construir narrativas en redes sociales, De la Peña parece estar apostando por algo menos ruidoso y mucho más tradicional: hablar con la gente que realmente mueve al estado.
La semana pasada el funcionario sostuvo encuentros con distintos sectores: deportistas, empresarios, representantes religiosos y miembros de la sociedad civil.
Una agenda que, aunque no siempre genera titulares estridentes, tiene un ingrediente que suele escasear en la política moderna: contacto directo.
El secretario que entendió que la política también se juega fuera del micrófono
En una época donde muchos políticos viven pendientes de la declaración polémica del día, De la Peña ha mantenido un estilo distinto.
Menos reflectores, más reuniones.
Menos discursos de confrontación, más construcción de puentes.
La Secretaría General de Gobierno no es una oficina diseñada para el aplauso fácil; es el área donde se procesan conflictos, se generan acuerdos y se mantiene la interlocución con sectores que tienen algo que decirle al gobierno.
Y ahí es donde la agenda territorial cobra sentido.
Porque los problemas de Chihuahua no se resuelven únicamente desde un escritorio en Palacio de Gobierno ni desde una publicación en redes sociales.
Se resuelven escuchando.
La reunión con empresarios representa un mensaje claro: la gobernabilidad también depende de mantener comunicación con quienes generan empleo e inversión.
El acercamiento con deportistas refleja otra dimensión: la construcción de comunidad y atención a sectores que muchas veces quedan fuera de la discusión política.
Y el diálogo con representantes religiosos y organizaciones sociales muestra la importancia de mantener canales abiertos con distintos actores de la sociedad chihuahuense.
En política, tener interlocución no significa coincidir en todo.
Significa evitar que los problemas lleguen a convertirse en crisis.