CHIHUAHUA, Chih.— El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como una situación «muy grave» la presunta existencia de un video en redes sociales donde una líder social afirma recibir pagos de un secretario del gabinete estatal para organizar protestas frente al Palacio de Gobierno.
El funcionario estatal manifestó no tener conocimiento previo de la grabación, pero aseguró que revisará el material para analizar su veracidad. No obstante, se mostró escéptico ante la acusación debido a la naturaleza y los objetivos comunes de dichas movilizaciones.
«Me parece extraño y me atrevería casi a negarlo porque no hace sentido. A través de estas manifestaciones se ha golpeado a la gobernadora Maru Campos, a tu servidor, en su momento al fiscal Jáuregui y al director de la Junta Municipal de Agua y Sanidad. No es lógico que desde dentro del propio Gobierno del Estado se esté golpeando a la administración», puntualizó De la Peña.
En redes sociales se viralizó el siguiente video en donde Belén Mendoza comparte que tienen un apoyo por parte de un secretario estatal para desarrollar sus manifestaciones:
Caos vial recurrente en la calle Aldama
El secretario criticó severamente el impacto negativo que este grupo de inconformes genera de manera constante en la movilidad urbana de la capital. Señaló que las movilizaciones encabezadas por dos lideresas locales han tomado como costumbre colapsar la calle Aldama, una de las principales arterias de acceso y salida del primer cuadro de la ciudad.
De acuerdo con el funcionario, estos bloqueos recurrentes afectan de forma directa la rutina diaria y modifican las rutas de traslado de miles de ciudadanos chihuahuenses que transitan por el centro.
Posibles acciones legales
Al ser cuestionado sobre si se iniciará una investigación formal en contra del funcionario que presuntamente financia estos movimientos, De la Peña Grajeda se mostró cauteloso y señaló que no se tomarán decisiones precipitadas.
El titular de la política interna del estado concluyó que primero se debe evaluar exhaustivamente el origen y contenido de la información, ya que existe una alta posibilidad de que se trate de noticias falsas (fake news). Una vez analizado el caso, el Gobierno del Estado determinará las acciones o medidas legales correspondientes.