Ciudad de México | 2 de junio de 2026
Fiel a su estilo de litigar en los medios lo que no sostiene en los tribunales, el ahora senador neomorenista Javier Corral Jurado ha decidido retirar la impugnación con la que pretendía estirar la liga del melodrama de su supuesta «privación ilegal de la libertad». A través de un comunicado firmado junto al bufete Schütte & Delsol Abogados, Corral anunció su desistimiento contra la resolución de la Fiscalía de la CDMX que decretó el no ejercicio de la acción penal por los hechos del 14 de agosto de 2024. Aquella noche, cabe recordar, lo que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaba ejecutar no era un secuestro, sino una orden de aprehensión formal por el presunto delito de peculado agravado, relacionado con el desvío de 98 millones de pesos.
Con la soga de los datos duros apretando el relato, el exgobernador chihuahuense ha preferido dar marcha atrás antes de que el desmoronamiento de su caso sea total, vistiendo su retirada legal como un acto de «dignidad» frente a una supuesta manipulación política.
De prófugo rescatado a víctima profesional
El comunicado emitido este martes es un compendio de manual sobre cómo voltear la narrativa. Lo que en agosto de 2024 fue un escandaloso rescate político en un restaurante de la colonia Roma —donde el entonces fiscal capitalino Ulises Lara acudió personalmente a impedir que las autoridades de Chihuahua se llevaran a Corral—, hoy intenta ser revendido como un «montaje» de Estado.
Para el senador, el trámite judicial ya no es útil. Según su defensa, Corral «no contribuirá a la tergiversación» de una supuesta campaña mediática orquestada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Así, eludiendo el fondo de la acusación original —los 98 millones de pesos desaparecidos de las arcas públicas que le imputa la Fiscalía Anticorrupción—, el legislador se cobija bajo el manto protector del discurso de la » persecución política», un recurso habitual cuando los expedientes judiciales queman.
El refugio en el fuero y el cobijo federal
La estrategia de Corral Jurado parece clara: sepultar el expediente en el ámbito local, donde la Fiscalía de la CDMX ya determinó que no hay delito que perseguir contra los agentes chihuahuenses que pretendían capturarlo, y trasladar el ruido mediático a la Fiscalía General de la República (FGR).
«El montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí», reza el boletín, en un tono que busca mantener viva la sospecha de un complot en el que, según él, participan jueces, fiscales y auditores de Chihuahua.
Al verse cobijado por su nueva bandera política y la inmunidad procesal que le otorga el fuero legislativo, el senador aprovecha para exigir que se investigue «el uso faccioso de las instituciones», intentando equiparar una investigación penal por corrupción con una revancha partidista.
Una cortina de humo con aroma a impunidad
Al final del día, el desistimiento de Corral no es un acto de concordia, sino una retirada estratégica para evitar que los reflectores apunten a las auditorías pendientes de su gestión. Al pedir ahora, de manera supuestamente salomónica, que se «investiguen los dos lados», el neomorenista busca diluir su propia responsabilidad penal en un océano de declaraciones políticas.
La sociedad mexicana, en efecto, está cansada del uso político de la justicia; pero está aún más cansada de ver cómo los personajes públicos utilizan la retórica de la victimización y el salto de un partido a otro para eludir las órdenes de aprehensión y dejar en el aire el destino de millones de pesos públicos.