CHIHUAHUA, CHIH. — En el marco del evento masivo de apoyo ciudadano a la gobernadora Maru Campos Galván, celebrado este mediodía en el Centro de Exposiciones de Chihuahua, su abogado defensor, Roberto Gil Zuarth, denunció una estrategia de hostigamiento y persecución política coordinada desde el partido Morena y la Fiscalía General de la República (FGR), impulsada por el senador Javier Corral Jurado.
Gil Zuarth reveló que, en tan solo una semana, la mandataria estatal ha tenido que hacer frente a tres procedimientos jurídicos simultáneos de distinta naturaleza, lo que calificó como un intento abierto por desestabilizar al Gobierno de Chihuahua.
«Esto no es casualidad, es una clarísima intención de persecución política. Tres procedimientos distintos en la misma semana: un penal federal, uno político-parlamentario que tiene como finalidad destituir a la gobernadora, y un penal local», detalló el litigante ante los medios de comunicación.
La polémica por la carpeta de «secuestro» y el factor Ulises Lara
El abogado explicó que Javier Corral no se presentó a la audiencia electoral programada donde la jueza determinó que debía comparecer de manera obligatoria. La audiencia se reprogramó para el próximo martes a las 9:45 de la mañana.
Sin embargo, Gil Zuarth alertó sobre un movimiento legal de última hora: la defensa de Corral solicitó formalmente que la carpeta de investigación —relacionada con un supuesto delito de secuestro en contra de la gobernadora, derivado de los hechos de su intento de captura hace dos años— sea enviada de la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República.
Específicamente, acusó que se busca poner el caso en manos del área que encabeza Ulises Lara.
El antecedente: Gil Zuarth recordó que Ulises Lara fue «el fiscal que ayudó a Javier Corral a evadirse de la orden de aprehensión que se le intentó ejecutar hace dos años» en la Ciudad de México.
La postura de la defensa: El abogado afirmó que en dicha carpeta está plenamente acreditado que la orden de aprehensión contra Corral fue emitida válidamente por un juez, que existía un oficio de colaboración y que ningún agente de Chihuahua actuó de manera ilegal ni retuvo indebidamente al exmandatario.
Tres frentes jurídicos en una semana
Al desglosar el acoso legal que acusan, el representante legal enumeró las acciones notificadas en los últimos siete días:
1 Miércoles: Recepción de un citatorio para comparecer ante una carpeta de investigación del ámbito federal.
2 Martes: Presentación de una denuncia de juicio político por parte de Morena en el Congreso, la cual busca la destitución de la gobernadora (aunque acotó que se basa en una ley supuestamente abrogada y que, por el cierre del periodo de sesiones, no podría avanzar de inmediato sin un periodo extraordinario).
3 Viernes: Audiencia ante un juez de la Ciudad de México donde la gobernadora figuraba formalmente en calidad de «imputada» por el delito de secuestro, a pesar de que inicialmente se había sugerido su comparecencia como testigo.
«El citatorio que recibimos del Poder Judicial de la Ciudad de México claramente dice que estaba en calidad de imputada en la carpeta de investigación por el delito de secuestro, derivado de la denuncia de Javier Corral. Perdónenme, pero son demasiadas casualidades como para no tener ciertas dudas», fustigó Gil Zuarth.
El trasfondo: Acusan nexos con el crimen organizado
Al ser cuestionado sobre los motivos detrás de esta ofensiva, Gil Zuarth lanzó una dura advertencia vinculando el hostigamiento político con intereses de grupos delictivos que operan o intentan operar en la región.
Finalmente, ante la posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado señaló que evaluarán cómo evolucionan los procedimientos, asegurando que atenderán jurídicamente cada una de las carpetas. Concluyó señalando que, más allá de la protección policial, la mejor defensa de la gobernadora será el repudio e indignación de la ciudadanía de Chihuahua frente a lo que consideran un uso faccioso de la justicia.