POR HORUS La Columna
La política mexicana vive tiempos en los que el discurso de la justicia parece avanzar al ritmo de la conveniencia política. En Chihuahua, el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha encendido una polémica que va mucho más allá de un trámite ministerial: toca fibras delicadas sobre debido proceso, imparcialidad institucional y el uso político de las fiscalías.
Maru Campos ha dicho que acudirá a comparecer y ha insistido en que lo hará como siempre, dando la cara y exigiendo respeto al debido proceso. En un país democrático, eso no debería ser motivo de escándalo ni de condena anticipada. Ser citado no equivale a ser culpable. La presunción de inocencia no puede ser selectiva, ni depender del partido político del implicado. Y ese principio aplica para todos, sin excepción.
Lo que sí resulta inevitable cuestionar es el papel de una Fiscalía General de la República que desde hace tiempo arrastra la percepción de operar con criterios que no siempre parecen jurídicos, sino políticos. Porque mientras unos son citados, investigados o exhibidos mediáticamente, otros parecen encontrar refugio en el manto protector del poder, el fuero o la cercanía con la 4T.
Ahí está el caso de Javier Corral, hoy senador de Morena, cuyo episodio de “rescate” por parte de autoridades federales cuando existía una orden judicial en Chihuahua sigue siendo un símbolo de esa justicia de geometría variable que tanto indigna. Para unos, todo el peso institucional; para otros, el auxilio en tiempo real.
O la última que se aventó, y creo que se salió de las manos, una fotografía con Enrique Inzunza Cázarez en el Contry Club de Cualiacán, Sinaloa. Si con el senador que tiene una ficha roja y solicitud de detención con fines de extradición a los Estados Unidos. Ya lo dijo la Gobernadora «Dios los cría y ellos se juntan».
Y si hablamos de contradicciones, también resulta inevitable voltear hacia Morena y su discurso de superioridad moral, ese que se desmorona cada vez que aparecen divisiones internas, renuncias estratégicas o silencios sospechosos. Andy López Beltrán, el heredero del obradorismo, ahora deja la Secretaría de Organización para buscar refugio —perdón, candidatura— en una diputación federal. Oficialmente es “volver al territorio”; en la práctica, suena más a la vieja escuela de la política mexicana: buscar fuero, espacio y control.
Porque en Morena todo puede convertirse en epopeya, incluso cambiar de oficina. Andy presume millones de afiliados y estructuras gigantescas, mientras su narrativa interna parece más cercana al culto partidista que a la autocrítica democrática. Y eso sin hablar de las frases de devoción casi monárquica hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, que retratan a un partido donde la crítica interna parece haberse extinguido.
Mientras tanto, Ricardo Monreal sigue empeñado en impulsar reformas electorales que preocupan por su ambigüedad. Bajo el argumento de combatir la “injerencia extranjera”, la propuesta abre una peligrosa puerta a interpretaciones discrecionales que podrían poner en riesgo libertades democráticas, periodísticas y electorales. Cuando una ley deja demasiado a interpretación del poder, deja de ser garantía y empieza a parecer amenaza.
En Chihuahua, también llama la atención el silencio sepulcral de varios liderazgos morenistas locales. Cuauhtémoc Estrada, Brigitte Granados, Cruz Pérez Cuéllar… callados. ¿Estrategia? ¿Cautela? ¿Instrucción? Difícil saberlo.
La excepción, como casi siempre, ha sido Andrea Chávez, quien no perdió tiempo en lanzar condenas políticas con tono de sentencia, dejando poco espacio para algo tan básico en democracia como la presunción de inocencia.
Porque una cosa es la crítica política y otra muy distinta es asumir culpabilidades antes de que exista resolución alguna. En eso, algunos en Morena parecen olvidar que el linchamiento mediático no sustituye al Estado de Derecho.
Y en medio de todo esto, queda una pregunta incómoda: ¿la justicia mexicana sigue una ruta jurídica o una ruta política?
Porque cuando se persigue con estridencia a unos mientras otros parecen navegar entre protección, silencios y blindajes partidistas, la confianza ciudadana se erosiona.
Y cuando la FGR aparece más como actor político que como árbitro legal, cuando el Senado se convierte en refugio recurrente de figuras cuestionadas, cuando el apellido pesa más que el mérito, y cuando la moral pública se predica pero no se practica, lo que se desgasta no es un partido ni un gobierno: es la credibilidad misma de las instituciones.
México no necesita fiscales de consigna, ni políticos de fuero, ni partidos que se asuman moralmente intocables.
Necesita justicia pareja. Sin favoritos. Sin venganzas. Sin espectáculo.