Ciudad de México.- En Morena ya descubrieron una nueva especialidad política: acusar de delincuentes a sus adversarios mientras guardan un prudente silencio cuando los señalamientos alcanzan a los propios. Y esta vez fue la dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel Reyes, quien decidió subir al ring mediático para lanzar acusaciones contra el PAN y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Con tono de fiscal de escritorio y sin sentencia judicial de por medio, Montiel aseguró que Acción Nacional actúa como “delincuentes defendiendo a delincuentes”, en referencia a las expresiones de respaldo hacia la mandataria estatal tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República.
La dirigente morenista acusó al PAN de “victimizarse” y trató de colocar el tema en el terreno político-electoral, aunque terminó atrapada en sus propias contradicciones. Porque mientras intentaba golpear a Maru Campos, tuvo que reconocer algo elemental que muchos dentro de Morena parecen olvidar cuando se trata de adversarios: la gobernadora “no está imputada por la Fiscalía”.
Es decir, Ariadna Montiel salió a condenar políticamente a alguien que jurídicamente ni siquiera enfrenta una imputación formal.
Pero en Morena las formas importan poco cuando el objetivo es instalar narrativas. La lógica parece ser simple: si el personaje es opositor, el citatorio se convierte automáticamente en culpabilidad mediática; si el señalado pertenece al oficialismo, entonces aparecen las palabras mágicas: “hay que esperar”, “no sabemos”, “solo vi redes sociales”.
Y justamente ahí quedó exhibida la doble moral del discurso morenista.
Porque cuando se le cuestionó sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y también requerido para comparecer ante la FGR, Ariadna Montiel cambió radicalmente el tono. Ya no hubo calificativos, ni indignación, ni frases incendiarias. Simplemente dijo que no ha hablado con él y que únicamente conoce lo que ha publicado en redes sociales.
Vaya contraste.
Para Maru Campos sí hubo descalificaciones públicas, insinuaciones políticas y señalamientos anticipados. Para Rocha Moya, prudencia institucional. Una cautela que casualmente desaparece cuando el acusado no pertenece a Morena.
La dirigente nacional morenista también insistió en que la gobernadora de Chihuahua se “escuda” en el fuero constitucional, aunque omitió mencionar que varios personajes de la llamada Cuarta Transformación han encontrado precisamente en el fuero un cómodo refugio político mientras enfrentan investigaciones, escándalos o señalamientos públicos.
Porque en el México de Morena el fuero parece tener dos versiones: una “inmoral” cuando la usa la oposición y otra “patriótica” cuando protege a los aliados del régimen.
Ariadna Montiel intentó además revivir el discurso del llamado “Cártel Inmobiliario” para atacar al dirigente nacional panista Jorge Romero, aunque sin aportar mayores elementos más allá de las acusaciones repetidas hasta el cansancio en las conferencias y tribunas oficialistas.
Lo cierto es que mientras Morena busca construir culpabilidades mediáticas contra opositores, el país acumula episodios cada vez más delicados relacionados con políticos oficialistas señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente en estados como Sinaloa, Tamaulipas o Guerrero.
Sin embargo, ahí el discurso cambia. Ahí aparecen las evasivas, los silencios y las explicaciones ambiguas.
Porque al final, en Morena parece que la justicia depende menos de los expedientes y más del color de la camiseta.