El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que también fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las investigaciones federales que alcanzaron este mismo día a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
En entrevista, Jáuregui Moreno informó que deberá presentarse ante la autoridad federal el próximo 27 de mayo a las 10:00 de la mañana, luego de recibir un citatorio similar al que fue entregado a la mandataria estatal este mediodía en las instalaciones de Palacio de Gobierno.
La confirmación del exfuncionario se da en medio de la polémica generada por la actuación de la FGR en torno a presuntas investigaciones relacionadas con decisiones y acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, particularmente en el desmantelamiento de un mega narco laboratorio en el municipio de Morelos, en lo intrincado de la sierra tarahumara.
Aunque Jáuregui Moreno no abundó en detalles sobre el contenido específico del requerimiento, su citación se suma a la de la gobernadora Maru Campos, lo que abre un nuevo capítulo en el proceso que ha generado reacciones políticas tanto a nivel estatal como nacional.
El citatorio entregado a Campos Galván y ahora confirmado también para el exfiscal ha sido interpretado por integrantes del gobierno estatal como parte de una estrategia de presión política, postura que este mismo día fue expresada por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien aseguró que detrás de estos procedimientos existe una “carga política” más que jurídica.
La comparecencia de César Jáuregui ante la FGR está programada para el mismo día en que también se espera el seguimiento legal del caso de la gobernadora, por lo que se anticipa que en los próximos días el equipo jurídico del Gobierno del Estado defina la estrategia de defensa y respuesta ante la autoridad federal.
El caso ha generado expectativa en el ámbito político chihuahuense, al involucrar directamente a dos figuras clave de la actual administración estatal en un procedimiento que podría escalar en el terreno jurídico y político conforme avance la investigación federal.