• El afectado confronta la narrativa oficial y denuncia que la Fiscalía revictimiza a los familiares: “Nos dicen que son muertos desaparecidos, pero no nos dan avances”.
• Señala que una funcionaria removida en el gobierno anterior fue reinstalada en la actual administración de Maru Campos.
CHIHUAHUA, Chih.– En medio de las movilizaciones y el encendido debate político que se vive en la capital, el dolor de las víctimas indirectas de la violencia de Estado volvió a ponerse en el centro de la discusión. El padre de Mayra Guadalupe, una de las jóvenes profesionales de la salud desaparecidas en el municipio de Hidalgo del Parral hace siete años —en el conocido caso de los enfermeros desaparecidos—, alzó la voz para denunciar el estancamiento de las investigaciones y lo que calificó como una «burla» por parte de las autoridades.
El afectado, quien acudió por voluntad propia a las movilizaciones de este sábado para exigir respuestas directas a los actores políticos, relató el calvario que ha vivido desde que su hija desapareció durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, una situación de impunidad que, afirma, se ha prolongado hasta el actual gobierno de Maru Campos.
Caso histórico de 2018:
El 27 y 29 de mayo de 2018, un comando armado irrumpió en una vivienda de la colonia Kennedy y privó de la libertad a tres pasantes de enfermería.
- Víctimas: Mayra Guadalupe Mendoza Adame, Sigrid Casandra Díaz Huerta y Oswaldo Galván Rodríguez.
- Investigación: El caso derivó en investigaciones por trata de personas, participación de elementos policiales locales (como «El Policholo»), y vínculos con el crimen organizado en la región de Chihuahua y Durango.
Con evidente indignación, el padre de familia describió el trato que recibe cada vez que acude a las instancias oficiales a solicitar información sobre el paradero de su hija.
«¿Cómo se sentiría usted que vaya a pedirles información hace siete años de esto y no nos dan? Nos dan largas, nos dan largas, nos cambian a la persona y nos dan largas. Nos dicen: ‘vuelva a darnos la información, en la siguiente cita le damos el expediente’… nunca me han dado nada en siete años», reprochó.
El denunciante relató además que dentro de las mismas oficinas gubernamentales se topan con pared y con una alarmante falta de sensibilidad, señalando que los hacen pasar a espacios donde de manera fría les repiten términos como «muertos y desaparecidos», lo cual considera una ofensa directa a su exigencia de justicia. «Yo les digo: es una burla, ¿por qué chingados hacen eso? Pónganse en mi lugar», expresó.
Uno de los puntos más críticos de su declaración fue el señalamiento hacia la Fiscalía General del Estado y la continuidad de los servidores públicos encargados del caso.
De acuerdo con su testimonio, durante el gobierno de Javier Corral, tras realizar diversas manifestaciones de protesta, lograron que se removiera de su cargo a la funcionaria encargada de la investigación, a quien identificó por el apellido Ampan. Sin embargo, denunció que con el cambio de administración estatal, la situación empeoró en términos de confianza institucional.
«Cuando entra Maru Campos, la vuelve a poner (a la funcionaria). Entonces no puedo», lamentó, sugiriendo un retroceso en los pocos acuerdos ciudadanos que se habían alcanzado en el pasado.
El padre de Mayra Guadalupe también aprovechó el espacio para cuestionar el papel de los medios de comunicación en la cobertura de las desapariciones en la entidad, pidiendo mayor rigor al momento de replicar las versiones oficiales que criminalizan o dan por muertas a las víctimas sin sustento.
“A los medios a ustedes sí les dicen que son muertos desaparecidos. ¿Por qué ustedes como medios no les piden pruebas para hacer esas publicaciones? O sea, a ver, ¿tienes pruebas para poder yo publicar esto?”, cuestionó de forma directa.
Finalmente, el entrevistado aseguró que permanecería en el lugar de las movilizaciones con el firme objetivo de pedirle a los asistentes y representantes políticos que se sumen a su exigencia. Su meta es clara: lograr que las autoridades finalmente rompan el silencio y entreguen un informe real sobre el caso de los enfermeros de Parral, una herida abierta en Chihuahua que cumple casi una década sin respuestas.