SAN DIEGO, EE. UU. — En un hecho que ha sacudido el panorama político mexicano, diversas fuentes informativas y reportes de última hora señalan la presunta captura de Enrique Inzunza Cázarez, actual senador de la República por el partido Morena, a manos de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las primeras versiones, la detención del político sinaloense se habría llevado a cabo en la ciudad de San Diego, California, bajo cargos federales relacionados con el narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los detalles del caso
El operativo, ejecutado por la agencia federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, responde supuestamente a una serie de acusaciones formales emitidas por las autoridades estadounidenses. Aunque el gobierno de ese país suele mantener bajo estricto hermetismo este tipo de detenciones hasta la comparecencia inicial del acusado, los reportes de prensa indican que Inzunza Cázarez ya se encuentra bajo la custodia de los agentes federales.
¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez?
Abogado de profesión y figura clave en la política del estado de Sinaloa, asumió el cargo de senador de la República el 1 de septiembre de 2024 bajo las siglas del partido oficialista Morena, tras haber ocupado cargos de alta relevancia en el sistema judicial y gubernamental de su estado natal.
La noticia de la supuesta caída del legislador —a quien en redes sociales ya apodan como «el tercero» en el contexto de recientes capturas de alto perfil— ha generado una inmediata ola de reacciones en el Senado mexicano y dentro de las filas de su partido.
De confirmarse de manera oficial por los canales diplomáticos y judiciales de la Unión Americana, este arresto representaría un duro golpe político y abriría un nuevo capítulo de tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Se espera que en las próximas horas la defensa del senador, la Cancillería mexicana o el propio Departamento de Justicia de EE. UU. emitan una postura oficial que esclarezca la situación jurídica del funcionario sinaloense.