Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de cometer irregularidades procesales durante el operativo de aseguramiento del laboratorio clandestino de drogas ubicado en el municipio de Morelos, conocido como El Pinal.
A través de un comunicado emitido este miércoles 13 de mayo de 2026, la dependencia federal denunció que el operativo realizado por autoridades estatales los días 17 y 18 de abril presentó “graves fallas” en la entrega de evidencia y en la cadena de custodia, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación federal.
La FGR fue tajante al señalar que, de acuerdo con la Ley General de Salud, los delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico son de competencia exclusiva federal. Por ello, investiga si el Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos, invadió facultades que corresponden únicamente a la Federación.
Además, la fiscalía federal recordó que las entidades federativas tienen estrictamente prohibido celebrar alianzas o coaliciones con otros países, atribución exclusiva del Ejecutivo Federal. Este señalamiento cobra relevancia ante las versiones sobre la posible participación de agentes extranjeros en el operativo.
Irregularidades documentadas
Entre las anomalías detectadas por la FGR al llegar al lugar destacan:
- Ausencia de una cadena de custodia formal por parte de las autoridades estatales.
- Irregularidades procesales que ya quedaron asentadas en la carpeta de investigación federal.
La Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos informó que ya se han realizado entrevistas a servidores públicos involucrados, aunque siete personas citadas no se presentaron a declarar, por lo que fueron convocadas nuevamente.
El sitio del narcolaboratorio permanece resguardado por fuerzas federales, donde se lleva a cabo la destrucción de las sustancias químicas aseguradas.
Investigación hasta las últimas consecuencias
La FGR advirtió que la indagatoria llegará “hasta las últimas consecuencias” para deslindar responsabilidades, incluyendo posibles delitos en materia de seguridad nacional.
Este pronunciamiento representa un fuerte golpe a la versión oficial del Gobierno del Estado, que había presentado el operativo como un éxito en el combate al crimen organizado. Ahora, las autoridades estatales enfrentan el escrutinio federal no solo por posibles fallas técnicas, sino por presunta invasión de competencias y violaciones al marco constitucional.
Aqui el documento en físico
