Chihuahua, Chih.- En un ejercicio de selectiva indignación, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, exhibió este miércoles evidentes dobleces al valorar las investigaciones sobre el escándalo de los agentes extranjeros en El Pinal y la Fiscalía General del Estado.
Mientras arremetió con dureza contra la gobernadora María Eugenia Campos por crear una unidad de investigación dependiente del Ejecutivo, el legislador morenista se mostró mucho más comprensivo y hasta defensivo cuando se le preguntó si el mismo estándar aplica a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno federal.
Ante la pregunta directa de si su premisa de procesos “objetivos, pulcros y apegados a derecho” valida la investigación instruida por la gobernadora, Estrada Sotelo evadió con tecnicismos: recordó que la Fiscalía estatal no es autónoma y depende del Poder Ejecutivo, sugiriendo que se trata de una auto-investigación. “Nombró una unidad para que quien tenga responsabilidad caiga… es decir, que se auto-investigue”, dijo con sarcasmo.
Sin embargo, el mismo legislador defendió a capa y espada la necesidad de que haya investigaciones formales cuando se trata de autoridades federales. Al cuestionarle si aplica la misma lógica a la Presidencia de la República y a la FGR —es decir, si también sería grave que “no supieran” de la entrada de agentes extranjeros—, Estrada Sotelo cambió el tono y recurrió a argumentos de procedimiento internacional y “protocolos violados”, minimizando la posible responsabilidad federal.
“Un infiltrado no llega y se registra en migración”, justificó, para luego insistir en que el problema radica en que no se cumplieron los protocolos bilaterales. Es decir: para el gobierno de Morena en lo federal, la ignorancia es explicable; para el gobierno estatal de oposición, la ignorancia es imperdonable o directamente sospechosa.
Críticas y contradicciones
El diputado insistió en que “si la gobernadora no sabía… qué mal. Y si sabía… qué mal también”. Frase lapidaria que, aplicada con la misma vara, debería valer para todos los niveles de gobierno. Sin embargo, Estrada Sotelo no mostró el mismo entusiasmo fiscalizador cuando se trató de las posibles omisiones en el ámbito federal.
Además, cuestionó con dramatismo que cuatro agentes extranjeros hayan estado dentro de la Fiscalía, uno armado, y que aún “no sepan quiénes son dos de ellos”. Pero evitó responder con claridad si le parece aceptable que el gobierno federal tampoco haya detectado su ingreso irregular al país, a pesar de contar con todos los aparatos de inteligencia nacional e internacional.
Analistas locales señalan que el legislador morenista incurrió en un claro doble rasero: exige autonomía e independencia a la Fiscalía de Chihuahua (controlada por la oposición), mientras que frente a las evidentes fallas de coordinación y control del gobierno federal —al que pertenece su partido— se escuda en tecnicismos jurídicos y protocolos internacionales.
Estrada Sotelo concluyó defendiendo que todo debe resolverse “conforme a la ley”, pero su intervención dejó la sensación de que, para Morena, la ley y la exigencia de resultados aplican de manera distinta según el color del gobierno bajo escrutinio.
Mientras tanto, el caso de los agentes extranjeros sigue generando más preguntas que respuestas, y la ciudadanía chihuahuense observa con escepticismo cómo los actores políticos convierten un asunto de seguridad nacional en un nuevo capítulo de la disputa partidista.