CHIHUAHUA. — La titular de la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado (FGE), para la investigación de los hechos ocurridos en el Pinal, municipio de Morelos, Wendy Chávez, presentó un informe detallado sobre los avances en la investigación del operativo realizado en abril en el municipio de Morelos. El caso, que inició con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, ha tomado un giro crítico tras confirmarse la presencia irregular de ciudadanos estadounidenses en el convoy oficial.
Los hechos, ocurridos entre el 16 y el 19 de abril de 2026, culminaron en un incidente donde perdieron la vida cuatro personas: dos servidores públicos estatales y dos civiles de origen estadounidense.
La investigación, respaldada por el análisis de más de 6,000 horas de video y 50 declaraciones ministeriales, arrojó datos reveladores sobre la integración del convoy que partió hacia la Sierra de Chihuahua:
• Presencia irregular: Cuatro personas de origen extranjero se integraron al grupo desde su salida en la capital. Vestían de civil y carecían de insignias de cualquier corporación de seguridad.
• Convivencia informal: Los videos muestran un «patrón de interacción en contextos informales» entre los extranjeros y el entonces Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como otros mandos de la FGE.
• Falta de reportes oficiales: No existe registro de que el Director de la AEI o los involucrados hayan solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la inclusión de estos civiles en el operativo.
«Se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga… sin embargo, no se ha corroborado su uso fuera de las instalaciones», puntualizó Chávez.
Vacío de información diplomática
A pesar de la gravedad de los hechos, la FGE señaló que las autoridades estadounidenses y el Instituto Nacional de Migración (INM) han guardado silencio.
Wendy Chávez enfatizó que la FGE mantiene una colaboración «permanente e irrestricta» con la Fiscalía General de la República (FGR), facilitando entrevistas ministeriales a 45 elementos estatales que tuvieron conocimiento del evento.
La teoría del caso se ha fortalecido, sugiriendo que hubo omisión o participación de otros funcionarios de alto nivel. La fiscalía aseguró que las indagatorias continuarán de forma ininterrumpida hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas de quienes permitieron la integración de personal no autorizado en funciones críticas de seguridad pública.
«Es vital preservar la secrecía para llegar al total esclarecimiento de los hechos», concluyó la funcionaria, evitando emitir comentarios respecto a declaraciones políticas recientes sobre el caso.