Culiacán, Sinaloa (RRC) — La estabilidad institucional de Sinaloa enfrenta uno de sus momentos más críticos. En una jornada marcada por la incertidumbre, Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia temporal a su cargo como presidente municipal de Culiacán, convirtiéndose en la segunda figura política de alto nivel en la entidad en separarse de sus funciones en menos de 24 horas.
La decisión de Gámez Mendívil se produce en un contexto de creciente presión internacional, derivado de presuntos señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con actividades relacionadas con el narcotráfico.
La solicitud fue aprobada durante una sesión extraordinaria de Cabildo convocada de manera urgente. El movimiento administrativo ocurre apenas unas horas después de que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, presentara su propia licencia ante el Congreso local bajo circunstancias similares.
Aunque las acusaciones vertidas desde el extranjero no han sido sustentadas con pruebas públicas concluyentes hasta el momento, la salida de ambos mandatarios —estatal y municipal— se interpreta como una estrategia para despresurizar el clima político y permitir el desarrollo de posibles investigaciones sin obstrucciones institucionales.
Bajo la lupa internacional
El impacto de esta crisis ha trascendido las fronteras locales, colocando a Sinaloa en el centro de un debate sobre gobernabilidad y seguridad.
Un clima de escepticismo
Para la ciudadanía de Culiacán, una población históricamente afectada por la violencia y la influencia de grupos delictivos, estos eventos han generado una mezcla de escepticismo y preocupación. La principal interrogante radica en cómo afectará este vacío de poder a la operatividad de los servicios municipales y a la seguridad pública en el corto plazo.