Bajo el polémico argumento de la austeridad, el Gobierno Federal impulsa cambios constitucionales que permiten la aplicación retroactiva de la ley, golpeando las pensiones de las paraestatales más importantes del país.
CIUDAD DE MÉXICO. — La incertidumbre y el descontento social han alcanzado el corazón de los sectores que alguna vez fueron considerados los más sólidos de la administración pública. Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se movilizaron este día en la capital para denunciar lo que consideran un atropello histórico a su patrimonio: la reforma al artículo 127 constitucional.
Esta medida, impulsada bajo la administración de la Cuarta Transformación, ha encendido las alarmas no solo en la CFE, sino también en Petróleos Mexicanos (Pemex), las dos paraestatales que sostienen la soberanía energética del país. Los manifestantes sostienen que el gobierno está utilizando modificaciones legales para vulnerar sus derechos pensionarios, sentando un precedente de inseguridad jurídica sin precedentes.
El peligro de la retroactividad
La denuncia central de los inconformes radica en que esta reforma permite, por primera vez, la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas. En términos llanos, el Estado ahora tiene la facultad de alterar contratos y acuerdos que ya estaban concluidos y firmados hace años.
“Es como cambiar las reglas de un juego después de que ya terminó”, expresaron voceros del movimiento durante la protesta. Los jubilados advierten que este modelo de gobernanza vulnera la confianza social, pues si el gobierno puede revertir derechos ya ganados por quienes dedicaron su vida a las paraestatales, «mañana puede ser cualquier derecho de cualquier ciudadano».
Impacto económico y social
Más allá del golpe directo a los bolsillos de los adultos mayores, los manifestantes señalaron que estas decisiones políticas envían una señal desastrosa a los mercados y a la ciudadanía en general. “Sin certeza jurídica no hay inversión”, subrayaron, vinculando la estabilidad legal del país con el bienestar económico nacional.
Para los especialistas, la presión ejercida sobre los jubilados de CFE y Pemex responde a una estrategia de «reajuste de caja» del gobierno actual, que busca liberar recursos afectando incluso a quienes ya gozaban de un retiro legalmente establecido.
Un llamado a la defensa del Estado de Derecho
La protesta concluyó con un cuestionamiento directo al rumbo que ha tomado la nación bajo las actuales reformas: “¿Qué futuro queremos para nuestra nación?”. Los pensionados hicieron un llamado urgente a la sociedad civil para defender el Estado de Derecho, señalando que la erosión de las garantías individuales bajo el actual régimen pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones de trabajadores.
Hasta el momento, los manifestantes exigen una mesa de diálogo con las autoridades federales para frenar lo que consideran una «expropiación disfrazada» de sus ahorros y pensiones, producto de décadas de servicio al sector energético de México.