Washington / Sinaloa.– En un hecho que podría tensar de manera significativa la relación bilateral entre México y Estados Unidos, autoridades estadounidenses acusaron formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La acusación fue presentada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y dada a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el documento se señala a los implicados por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de droga a territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos millonarios.
Entre los señalados también se encuentra el senador de Morena, Enrique Inzunza, quien al igual que el mandatario estatal enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión y conspiración para el uso de armas de alto poder, incluidos artefactos explosivos.
Lista de implicados
Además de Rocha Moya e Inzunza, la acusación incluye a diversos exfuncionarios y mandos de seguridad en Sinaloa, entre ellos:
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Saavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Milán
Este último es señalado además por su presunta participación en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar.
Delitos y posibles sanciones
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para proteger las operaciones del cártel, facilitar el tráfico de drogas y permitir actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos.
Los delitos imputados contemplan penas mínimas de 40 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables.
El director de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa “no solo trafica drogas letales, sino que se apoya en la corrupción para expandir sus operaciones”, y subrayó que ningún funcionario está por encima de la ley.
Implicaciones
El caso representa uno de los señalamientos más graves realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos en funciones, y podría tener repercusiones políticas, legales y diplomáticas de alto nivel.
Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial del gobierno mexicano respecto a estas acusaciones, que se dan en un contexto de creciente presión internacional para combatir la corrupción y el crimen organizado en la región.