La gobernadora de Chihuahua notificó a la Mesa Directiva que su ausencia busca salvaguardar la confidencialidad del caso del narcolaboratorio en «El Pinal».
CIUDAD DE MÉXICO. – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, declinó formalmente su participación en una reunión de trabajo programada en el Senado de la República. El objetivo de la decisión, según informó la administración estatal, es evitar que se comprometan las investigaciones en curso relacionadas con hechos recientes en la entidad.
A través de un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la mesa directiva de la Cámara Alta, la mandataria estatal detalló que su determinación responde a la necesidad técnica de salvaguardar el desarrollo de las indagatorias. Campos enfatizó que la prioridad es proteger información de carácter confidencial o clasificada, garantizando así el respeto a la seguridad nacional y la conducción institucional de los datos.
Caso «El Pinal» bajo reserva
La gobernadora vinculó esta decisión con el proceso que sigue la Unidad Especializada creada específicamente para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la localidad de “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua.
La gobernadora vinculó esta decisión con el proceso que sigue la Unidad Especializada creada específicamente para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la localidad de “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua.
Dicha unidad técnica continúa analizando los acontecimientos registrados entre el 16 y el 19 de abril del presente año. Al respecto, el Gobierno del Estado informó que ya se ha remitido la información correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR), atendiendo a los requerimientos legales presentados por la instancia federal.
En el documento enviado al Senado, Maru Campos reiteró que su gestión se conduce bajo los principios de transparencia y responsabilidad. Asimismo, dejó clara la disposición del Gobierno de Chihuahua para colaborar con las autoridades federales en el marco de la ley, una vez que las condiciones de las etapas procesales permitan compartir mayores detalles sin poner en riesgo el éxito de las investigaciones.
Por el momento, las indagatorias estatales y la coordinación con la FGR se mantienen bajo reserva para asegurar que el debido proceso no se vea interrumpido por la exposición pública de datos sensibles.