Por HORUS La Columna
El tema de los narcolaboratorios en Morelos no desapareció; simplemente entró en pausa. El hallazgo en la comunidad de El Pinal —uno de los complejos de producción de metanfetaminas más grandes detectados en el país— y la muerte de dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación junto a dos presuntos elementos de la Central Intelligence Agency (CIA), es demasiado grande como para diluirse en el ruido de fin de semana.
La decisión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de crear una unidad especializada de investigación fue, en términos políticos, un movimiento de contención: ordena la narrativa, reposiciona el tema en el terreno técnico y gana tiempo. Pero el fondo sigue ahí, intacto, esperando el momento de regresar al centro del debate.
Y ese momento, todo indica, está por llegar.
Desde el Senado, voces de Morena ya comenzaron a elevar el tono. El señalamiento no es menor: posible juicio político. Bajo el argumento de una violación constitucional por permitir —o no impedir— la presencia de agentes extranjeros en funciones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano, el caso escala de lo mediático a lo jurídico.
Aquí hay dos lecturas inevitables.
La primera: el oficialismo federal encontró un flanco. No es gratuito que se cite la Ley de Seguridad Nacional ni los artículos constitucionales que delimitan responsabilidades. Es un encuadre legal que busca sostener una ofensiva política.
La segunda: el gobierno estatal subestimó la dimensión del tema. Porque más allá de si los agentes participaron o no en campo —versión que se ha contradicho entre declaraciones locales y federales—, el simple hecho de que exista duda en materia de soberanía es suficiente combustible para la confrontación.
Y en política, la percepción pesa tanto como los hechos.
Quien se ha diluido o desaparecido desde el pasado martes es el Fiscal General de Estado, César Jáuregui Moreno, y en política no hay casualidades, muchos dicen que con este asunto pierde toda posibilidad de la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua; otros dicen que su trabajo lo posiciona más arriba en las encuestas.
Mientras el frente de seguridad se recalienta, otro actor decidió hablar… sin decir una sola palabra.
El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dejó una postal que, para quien entiende los códigos, no es menor. Una fotografía en el estadio, dorsal con su nombre, número 27 y un mensaje aparentemente personal: su aniversario.
Pero en política, los números también rara vez son casualidad.
El “27” no grita, pero susurra. No destapa, pero se deja ver. Es una jugada de bajo volumen y alta intención: posicionar sin exponerse, insinuar sin comprometerse. En un entorno donde muchos aceleran, De la Peña parece optar por la política de los tiempos largos.
Y eso, en un tablero que ya se está moviendo rumbo a 2027, tiene lectura.
En contraste con el fuego político, hubo otro incendio —literal— que sí logró ser contenido.
El siniestro en la empresa Procesadora y Recicladora de Materiales Industriales, en la colonia Primero de Mayo, arrasó con más de 3 mil 500 metros cuadrados y consumió cerca de 160 toneladas de material reciclable. La magnitud era suficiente para escalar a desastre mayor.
Pero no ocurrió.
La intervención de más de 200 elementos y decenas de unidades evitó que el fuego se propagara. No hubo víctimas mortales. En medio de un estado donde las noticias suelen ser de violencia y confrontación, este episodio deja una lectura distinta: cuando hay coordinación, los riesgos se contienen.
Así, Chihuahua transita entre dos fuegos: el real, que se apaga con agua, y el político, que apenas comienza a arder.
El primero ya está controlado.
El segundo… apenas está tomando temperatura.