La reforma constitucional impone un tope de gastos a los Congresos estatales, reduce el número de regidores y prohíbe que funcionarios del INE ganen más que la Presidencia.
CIUDAD DE MÉXICO – Este viernes marcará un antes y un después en la administración de los recursos electorales y legislativos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del llamado «Plan B» de la reforma electoral, el cual busca eliminar lo que el Gobierno Federal califica como «gastos excesivos y privilegios».
Uno de los puntos centrales de la reforma es el ajuste salarial en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral. A partir de ahora, ningún consejero, magistrado o titular de áreas ejecutivas podrá percibir una remuneración mayor a la asignada a la o el Presidente de la República.
Esta modificación a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución tiene como fin, según el Senado, fortalecer la legitimidad de las instituciones mediante la «racionalidad administrativa y responsabilidad en el ejercicio del gasto».
La reforma no solo afecta a la federación, sino que «aprieta el cinturón» directamente a los estados y municipios:
- Ayuntamientos limitados: Se establece que ningún municipio del país podrá contar con más de 15 regidores. Esta medida busca reducir los costos administrativos municipales para reorientar los recursos hacia servicios públicos.
- Tope a Congresos locales: Las legislaturas estatales enfrentarán un límite presupuestal estricto. A partir de ahora, ningún congreso local podrá ejercer un presupuesto que sobrepase el 0.70 por ciento del presupuesto total de su entidad.
- Recorte al Senado: El decreto también contempla una disminución progresiva en el presupuesto de la Cámara de Senadores.
La publicación en el DOF se da luego de que, el pasado 14 de abril, el Senado emitiera la declaratoria de constitucionalidad tras recibir el aval del Congreso de la Unión y de 19 legislaturas locales.
Con la entrada en vigor este viernes, los gobiernos estatales y los órganos electorales deberán iniciar los ajustes necesarios para cumplir con el nuevo marco jurídico que redefine el uso del dinero público en la política mexicana.