CDMX a 22 de abril.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado firme a respetar los protocolos constitucionales en materia de seguridad nacional, luego de confirmarse la participación de personas extranjeras en un operativo realizado en Chihuahua para el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria reveló que ya instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, establecer comunicación con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para esclarecer lo ocurrido. “Siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, subrayó.
El señalamiento surge tras declaraciones de la mandataria estatal sobre un operativo en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional. Sheinbaum confirmó que el Ejército sí brinda apoyo a entidades federativas cuando es solicitado, pero puntualizó que en este caso existió un elemento crítico que no fue informado: la presencia de personal extranjero presuntamente vinculado a una agencia del gobierno de Estados Unidos, identificada como la Central Intelligence Agency.
“La Defensa no sabía que había personas que no eran ciudadanos mexicanos participando en este operativo”, enfatizó la presidenta, al advertir que este tipo de acciones no pueden ser minimizadas.
Sheinbaum fue categórica al recordar que cualquier colaboración con el gobierno de Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad, debe canalizarse exclusivamente a través del gobierno federal, con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
“Nosotros no aceptamos la participación en campo de agencias extranjeras en operativos”, sostuvo, al tiempo que aclaró que los mecanismos de cooperación bilateral se limitan a intercambio de información o, en casos específicos, al uso de tecnología o equipo, siempre bajo solicitud expresa del Estado mexicano y sin presencia directa de personal extranjero.
La presidenta reveló además que ninguna dependencia federal —ni Relaciones Exteriores, ni la Defensa, ni la Secretaría de Seguridad— tenía conocimiento previo de la participación de estos individuos, lo que encendió alertas en el gabinete de seguridad.
Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya envió una comunicación formal al embajador de Estados Unidos en México para solicitar información detallada sobre lo ocurrido, dejando en claro que este tipo de acciones no forman parte de los acuerdos vigentes entre ambos países.
Sheinbaum subrayó que el caso trasciende lo operativo y se ubica en el terreno de la soberanía nacional.
“Es un tema de seguridad nacional y de soberanía. No es menor lo que ocurrió”, advirtió.
El posicionamiento presidencial también marca un mensaje directo a los gobiernos estatales: si bien pueden existir vínculos de colaboración internacional en ámbitos como cultura o educación, en materia de seguridad la conducción corresponde exclusivamente al gobierno federal.
El episodio abre un nuevo frente de tensión institucional y coloca bajo escrutinio los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, en un contexto donde la cooperación internacional en seguridad sigue siendo un tema sensible para la política mexicana.