En el Poder Judicial de Chihuahua, la narrativa institucional parece avanzar por un carril distinto al de los hechos. Mientras el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Javier Acosta Molina, proclama las virtudes de la “cercanía, la escucha y la responsabilidad compartida”, la memoria reciente recuerda un episodio que desentona con ese discurso: la negativa a informar a la prensa sobre una denuncia delicada contra una jueza en Parral, presentada por Héctor Villasana.
El contraste no es menor. Apenas días después de ese hermetismo, el Pleno del Tribunal desplegó una agenda de trabajo en el Distrito Judicial Bravos con un mensaje cuidadosamente construido: apertura, diálogo y fortalecimiento de la confianza institucional. Dos sesiones de Pleno —una jurisdiccional y otra administrativa—, acompañadas de mesas de diálogo con jueces de distintas materias, fueron presentadas como un ejercicio ejemplar de comunicación interna.
Sin embargo, la pregunta que flota es inevitable: ¿apertura para quién?
Porque mientras hacia adentro se presume una dinámica de intercambio y escucha, hacia afuera —particularmente frente a cuestionamientos incómodos— la transparencia parece diluirse. El discurso de Acosta Molina insiste en que el Tribunal no debe percibirse como un ente distante o meramente fiscalizador, sino como una pieza integrada del Poder Judicial que se fortalece desde su vida interna. Pero esa integración, en la práctica, corre el riesgo de interpretarse como un circuito cerrado, donde la rendición de cuentas hacia la sociedad queda en segundo plano.
El argumento institucional es claro: el Tribunal no interviene en criterios jurídicos, sino que se enfoca en la ética y la responsabilidad administrativa. Una línea técnicamente correcta, pero políticamente insuficiente cuando se trata de explicar por qué, ante una denuncia concreta, la información no fluye con la misma naturalidad que los discursos.
La visita a Ciudad Juárez fue presentada, además, como un gesto de reconocimiento a la labor judicial local y como una señal de unidad y compromiso. No obstante, esa “unidad” puede leerse también como una forma de cohesión interna que prioriza la estabilidad del sistema sobre la transparencia hacia el exterior.
En términos de comunicación política, el Tribunal apuesta por proyectar una imagen de autorregulación responsable y diálogo constante. Pero en un contexto donde la confianza en las instituciones depende cada vez más de la apertura real —no solo declarativa—, la congruencia se vuelve un activo crítico.
Porque la justicia no solo se construye desde la cercanía entre quienes la imparten, como sostiene Acosta Molina. También —y quizá sobre todo— desde la disposición a rendir cuentas cuando los cuestionamientos llegan desde fuera.
Y ahí, por ahora, el discurso sigue yendo por delante de los hechos.