CHIHUAHUA, CHIH. – Tras la revelación de que agentes que fallecieron en la sierra de Chihuahua eran presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que operaban en territorio chihuahuense, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, señaló que más allá de una comparecencia del Fiscal General, es la gobernadora María Eugenia Campos Galván quien debe dar una explicación «específica y mayor» sobre los convenios o acuerdos que mantiene su administración con agencias de Estados Unidos.
En entrevista, Estrada Sotelo cuestionó la naturaleza de los entendimientos institucionales que el Gobierno de Chihuahua ha pactado con otros países o estados de la Unión Americana. El legislador fue enfático al preguntar en qué apartado de dichos convenios se faculta a agentes de la CIA para desplegarse en la Sierra de Chihuahua.
“¿En dónde está pactado el que agentes de la CIA estuvieran en las mismas fechas y cerca de donde fue el tema del laboratorio?”, cuestionó el diputado, haciendo referencia a las versiones que indican que los agentes extranjeros, presuntamente provenientes de una oficina en Monterrey, llevaban meses en la entidad y fueron quienes localizaron los laboratorios de droga.
Aunque Estrada reconoció que el desmantelamiento de laboratorios clandestinos es positivo, advirtió que el fin no justifica los medios si estos implican pisotear la soberanía nacional. Según el legislador, la Ley de Seguridad Nacional es clara: cualquier colaboración de este tipo debe ser informada y autorizada mediante un dictamen federal.
“Imaginen ustedes que cualquier gobierno estatal se ponga de acuerdo con cualquier otro país y permita que sus agentes armados desarrollen actividades policiacas. Eso sería un caos, sería una anarquía”, alertó el coordinador morenista.
Para la bancada de Morena, la información disponible hasta el momento apunta a una transgresión directa del marco legal. Estrada insistió en que el gobierno estatal parece haber ignorado el «anclaje constitucional» que regula la intervención extranjera en México.
“Desde nuestro punto de vista, simplemente fue violentado el orden jurídico”, concluyó, reiterando que la transparencia por parte de la gobernadora es indispensable para evitar una crisis de confianza con la Federación y garantizar que la cooperación internacional no se realice al margen de la ley.