CHIHUAHUA. — En una rueda de prensa encabezada por la dirigencia municipal del PAN, la diputada federal Rocío González lanzó una alerta sobre la reciente reforma denominada «Infraestructura para el Desarrollo del Bienestar», la cual permitiría al Gobierno Federal disponer de hasta el 30% de los recursos de las Afores para financiar proyectos de obra pública.
Acompañada por el coordinador de los diputados locales, Alfredo Chávez, y el legislador Jorge Soto, González calificó esta medida como el «tercer golpe» a los ahorros privados de los ciudadanos por parte de la actual administración federal.
La legisladora explicó que, tras haber dispuesto de 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas y de utilizar fondos del Infonavit, el Gobierno Federal ahora busca captar entre 1.5 y 2 billones de pesos de los casi 8 billones que integran el fondo de reserva de las Afores.
«Es clarísimo que el Gobierno Federal ya no tiene recursos para enfrentar sus atribuciones. Ahora van por el 30% del dinero de los trabajadores para este financiamiento, con reglas muy ventajosas para el Estado», denunció la diputada.
Bajo este esquema de asociaciones público-privadas y sociales, el gobierno podría construir infraestructura (como hospitales) con dinero de los trabajadores, pero manteniendo la administración total de los inmuebles.
Respecto a la aprobación del llamado «Plan B» electoral, Rocío González lo calificó como un fracaso legislativo, señalando que la reforma terminó siendo meramente administrativa y presupuestal en lugar de abordar los problemas de fondo de la democracia mexicana.
La diputada destacó dos omisiones graves:
1. Crimen Organizado: No se tocaron puntos para evitar la injerencia de grupos delictivos en las campañas ni el financiamiento ilícito.
2. Invasión de Competencias: Aseguró que la reforma trastoca facultades que corresponden exclusivamente a los estados y municipios, por lo que instó a los ayuntamientos a presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte.