El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar y acceder a cuentas bancarias de particulares sin una orden judicial.
Consideró que esta medida representaría un estado de indefensión para los ciudadanos, al vulnerar el principio de certeza jurídica establecido en la Constitución.
“Me parece gravísimo que una autoridad del Poder Ejecutivo pueda intervenir bienes sin fundamento judicial”, señaló, al advertir que esto podría prestarse a decisiones arbitrarias o incluso de carácter político.