El coordinador de Morena señaló que mientras en la frontera una unidad cuesta poco más de un millón de pesos, en la capital el precio se dispara a más de 4 millones; urge a una revisión pericial de los contratos.
CHIHUAHUA, CHIH. – La disparidad en el gasto público destinado a seguridad entre los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez ha puesto bajo la lupa la administración de los recursos en la capital. El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, calificó como “abismales” las diferencias en los costos de adquisición y arrendamiento de patrullas presentados por los respectivos alcaldes.
En entrevista, el legislador morenista contrastó los números oficiales que han circulado públicamente. Según Estrada, el costo de una patrulla en Ciudad Juárez, bajo la administración de Cruz Pérez Cuéllar, ronda el millón de pesos y fracción, mientras que en la capital del estado, gobernada por Marco Bonilla, la cifra asciende a más de 4.2 millones de pesos por unidad.
“Hay una diferencia de 3 millones. Vi que el alcalde Bonilla dijo que el seguro y ciertos aditamentos justifican el precio, pero yo no sé si el seguro y esos aditamentos cuesten tres veces más que la patrulla misma”, cuestionó el diputado.
Aunque Estrada Sotelo aclaró que su postura es una opinión basada en los datos expuestos y que se requiere de un estudio pericial técnico para determinar el valor exacto de los vehículos equipados, subrayó que el sentido común de la ciudadanía ya está emitiendo un juicio.
“Usted pregúntele a un ciudadano: 4.2 millones frente a 1.2 millones. Esa es mi opinión, pero los números están ahí. No sé cuánto cuesten esos aditamentos, pero que un peritaje nos diga si es posible que una unidad cueste 3 millones de pesos más que otra con funciones similares”, enfatizó.
Para el líder de la fracción de Morena, el argumento del seguro y el mantenimiento —utilizado frecuentemente en los esquemas de arrendamiento de la capital— parece insuficiente para cubrir la brecha millonaria entre ambos ayuntamientos.
Con este señalamiento, la bancada guinda pone sobre la mesa la necesidad de una fiscalización más rigurosa sobre cómo se están invirtiendo los impuestos de los chihuahuenses en materia de equipamiento policial, sugiriendo que el modelo aplicado en la frontera ha resultado significativamente más austero que el de la capital del estado.