El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, evitó fijar una postura clara sobre la aparente disparidad en la condena pública de expresiones misóginas emitidas por funcionarios de distintos partidos y optó por concentrar sus críticas en el actuar de autoridades panistas, particularmente en el caso de Luis Terrazas Fraga, quien realizó comentarios en redes sociales contra la senadora Andrea Chávez.
Cuestionado sobre por qué no se ha observado la misma intensidad en el señalamiento de otros casos —como el de Miguel Riggs, quien fue denunciado por expresiones contra la síndica Olivia Franco—, el legislador no abordó directamente el tema del posible doble estándar y centró su intervención en exigir la destitución definitiva del funcionario municipal.
Críticas a la reacción “tibia” del alcalde
Estrada cuestionó la actuación del presidente municipal ante los comentarios de Terrazas Fraga, cuya separación del cargo —según dijo— parecería más una reacción a la presión social que una decisión institucional firme.
“Sé que le dicen ‘Tomatito’, pero no sé ni cómo se llama… Luis Terrazas. No sé si ya lo dio de baja el presidente municipal, si es temporal o definitivo”, expresó, al criticar que primero se emitieran posicionamientos “tibios” antes de proceder a la suspensión.
El legislador consideró injustificada una separación temporal, dado que se trata de un funcionario designado y no de elección popular.
“Si el presidente lo nombró, así como lo nombró lo puede quitar. No estamos hablando de un puesto de elección popular. Ni siquiera se justifica la temporalidad”, afirmó.
Incluso puso en duda que el alcalde esté esperando una investigación del Órgano Interno de Control (OIC), al considerar que la decisión podría haberse tomado de manera inmediata.
“Es una decisión reactiva, no genuina”, sostuvo, al añadir que el funcionario ya habría incurrido en conductas similares en el pasado, mencionando de manera imprecisa un posible antecedente relacionado con Brenda Ríos.
Diferencias entre funcionarios electos y designados
En su argumentación, Estrada marcó una distinción entre servidores públicos electos por voto popular y aquellos que ocupan cargos por designación.
Señaló que en el caso de un regidor o cualquier funcionario electo, se debe seguir un procedimiento legal para su eventual sanción o destitución. En contraste, insistió en que un funcionario designado puede ser removido de inmediato por quien lo nombró.
Al referirse al caso de Miguel Riggs, recordó que existió un proceso formal y que incluso hubo pronunciamiento del tribunal correspondiente con la imposición de una sanción.
Otros casos y un “patrón”
El legislador amplió sus críticas a otros episodios, como el ocurrido en el Ayuntamiento de Jiménez, donde —dijo— también se separó a un funcionario por expresiones polémicas, aunque cuestionó si dicha medida fue definitiva o temporal.
Asimismo, mencionó el caso de César Jáuregui Moreno, a quien atribuyó un comentario durante la pandemia en el sentido de que el COVID “logró tapar la boca a las mujeres porque usaban cubrebocas”. Estrada ironizó sobre su doble rol como funcionario estatal y dirigente partidista.
“En este horario es funcionario público, subsecretario de movilidad, y a partir de las tres ya es presidente del PAN municipal”, comentó, al sugerir que existe un patrón de conductas misóginas que no siempre derivan en consecuencias contundentes.
También afirmó que en algunos casos la separación del cargo habría sido meramente formal, con cambios de área que evitaron una sanción efectiva.
Sin autocrítica sobre casos internos
Sin embargo, pese a que la pregunta original apuntaba a la existencia de expresiones misóginas no sólo en el PAN sino también en Morena, Estrada no abordó ejemplos concretos dentro de su propio partido ni planteó la necesidad de un criterio uniforme para todos los casos, independientemente de la filiación política.
Su postura se concentró en exigir congruencia a autoridades municipales y estatales panistas, pero dejó sin responder de fondo si Morena ha aplicado el mismo rigor cuando las conductas cuestionadas provienen de sus propias filas.
En un contexto donde la violencia política de género y los discursos misóginos han sido ampliamente debatidos, la discusión sobre la consistencia en las sanciones —más allá de la militancia partidista— permanece abierta.