Chihuahua, Chih. – En un contundente mensaje, el Fiscal General Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, respaldó el posicionamiento institucional del Sistema Estatal Anticorrupción y lanzó una severa crítica contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, calificándola como una «aberración jurídica sin precedentes» y un intento de brindar impunidad a un imputado.
Valenzuela advirtió que la determinación del Colegiado, la cual pretende trasladar una investigación de alto perfil al ámbito federal, no solo afecta el caso en cuestión, sino que «trastoca todo el Sistema Nacional Anticorrupción» y la ley nacional de fiscalización.
«Un caso de Ripley»
El fiscal señaló irregularidades graves en la sentencia, destacando que los magistrados confundieron conceptos legales básicos, como el Capítulo Primero con el Quinto, y no distinguieron entre aportaciones y participaciones federales.
«Es un caso verdaderamente de Ripley, que lo hicieron a contentillo de uno de los imputados. Lo hacen justamente porque esta carpeta está técnica y jurídicamente muy sólida, tan sólida que se la pretenden llevar a la Federación», declaró Valenzuela.
Asimismo, cuestionó la celeridad sospechosa con la que actuó el tribunal, resolviendo en «tiempo récord» y en fechas decembrinas, una rapidez que, según la revisión de la Fiscalía, no tiene precedentes desde la creación del Poder Judicial de la Federación.
La carpeta de los 98.6 millones sigue en Chihuahua
Respecto a la investigación que involucra el desvío de 98.6 millones de pesos, el Fiscal fue categórico al afirmar que el expediente permanece en el estado. Detalló que el caso cuenta con órdenes de aprehensión, fichas rojas, alertas migratorias y bienes inmuebles y cuentas aseguradas.
«Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la víctima, que son los chihuahuenses», aseguró, enfatizando que la Secretaría de Hacienda estatal tiene la calidad de víctima al administrar los recursos de la ciudadanía.
Riesgo de impunidad y acciones legales
Valenzuela alertó que el criterio adoptado por el Colegiado pone en riesgo investigaciones pasadas, presentes y futuras, no solo en Chihuahua sino en otras entidades federativas. Por ello, anunció que ya se presentó una queja ante el Tribunal Federal de Disciplina y que agotarán todas las instancias legales.
El funcionario recordó el antecedente del caso de Alejandro Gutiérrez («La Coneja») y el convenio de colaboración firmado en junio de 2020 con la Federación, el cual establece que los delitos fiscales que generen agravio a los chihuahuenses deben ser procesados localmente y los recursos recuperados canalizados al estado.
«No descartamos ir hasta la Corte a la controversia constitucional e incluso a instancias internacionales para hacer ver y valer lo que está pasando», concluyó el Fiscal, reiterando que no permitirán que se desdibuje la calidad de víctima del pueblo de Chihuahua.