FGE impugnará amparo que liberó a dueño de crematorio con más de 300 cuerpos ocultos

Ciudad Juárez, Chihuahua. — El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, anunció que la Fiscalía de Chihuahua interpondrá recursos legales para combatir el amparo que permitió la liberación del propietario del crematorio Plenitud, donde fueron localizados más de 300 cuerpos que no recibieron el servicio de cremación contratado por sus familiares.

En rueda de prensa desde Ciudad Juárez, el funcionario confirmó que el juez Séptimo de Distrito con sede en esta frontera otorgó la protección de la justicia federal al imputado, quien enfrentaba proceso penal por delitos relacionados con la operación del establecimiento.

“El día de ayer fue puesto en libertad en acatamiento a la resolución judicial”, informó Jáuregui Moreno.

Fiscalía impugnará la resolución

El fiscal explicó que la dependencia presentará, en un plazo máximo de cuatro a cinco días —aunque la ley contempla hasta diez—, un recurso de revisión ante instancias superiores del Poder Judicial Federal, con el objetivo de que se revoque la sentencia de amparo y el proceso regrese al estado procesal en que se encontraba.

Asimismo, adelantó que interpondrán un recurso de queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se revise la actuación del juez.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, la resolución carece de un análisis integral de las pruebas aportadas durante el proceso.

“No es posible que se diga que no hay ocultamiento ni conservación ilícita cuando se entregaron cenizas falsas a las familias. Eso es un dolo evidente”, subrayó.

Más de 380 cuerpos en condiciones insalubres

Jáuregui recordó que durante la investigación se acreditó la presencia de 386 cadáveres almacenados en condiciones insalubres, algunos con meses e incluso años en el lugar, sin el manejo adecuado. También se probó que en múltiples casos se entregaron urnas funerarias con restos que no correspondían a los seres queridos de las familias afectadas.

Según explicó, el juez centró su análisis en los elementos rectores de los tipos penales: el delito local de ocultamiento de cadáveres y el federal relacionado con la conservación ilícita de cuerpos, previsto en la Ley General de Salud.

De acuerdo con la resolución, el juzgador consideró que no se configuraba el delito de ocultamiento al interpretar que “ocultar” implica esconder, y sostuvo que, aunque la conducta pudiera ser reprochable, no encuadraba en el tipo penal.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que se acreditó plenamente la conservación ilícita de 388 cuerpos, lo que previamente derivó en órdenes de aprehensión, vinculación a proceso y prisión preventiva justificada.

Identificación y entrega de cuerpos

Paralelamente a la disputa legal, la Fiscalía continúa con los trabajos de identificación y entrega de restos a las familias.

Hasta el momento:

  • 191 cuerpos han sido identificados plenamente mediante pruebas genéticas.
  • 187 ya fueron entregados a sus familiares.
  • 152 están pendientes de resultados de genética.
  • 43 pruebas genéticas aún están por tomarse.

El fiscal informó que incluso este mismo día dos de los cuerpos localizados en el crematorio estaban siendo incinerados por decisión de sus familiares.

Jáuregui calificó el caso como uno de los más graves en términos de afectación social y revictimización.

“Estamos ante un acto que debe tener sanción para que no vuelva a ocurrir ni en Chihuahua ni en el país”, afirmó.

Respuesta a críticas de familiares

Ante los señalamientos de algunos colectivos de víctimas que consideran insuficiente el trabajo de la Fiscalía, el funcionario dijo entender el dolor de las familias, aunque aseguró que más de 200 ya han recuperado a sus seres queridos.

“Personalmente atenderé a quienes lo soliciten para explicarles qué está pasando”, indicó.

Finalmente, el fiscal evitó especular sobre un posible cambio de criterio en el juzgado tras la sustitución del juez que anteriormente había negado un amparo similar. No obstante, consideró que la nueva resolución “evidencia falta de rigor jurídico” y una valoración incompleta del daño causado a la comunidad.

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