La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, informó que sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y jueces penales, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y disminuir la llamada “puerta giratoria” en casos de mayor impacto.
La magistrada explicó que el encuentro reunió a ministerios públicos, juzgadores y autoridades de seguridad para analizar áreas de oportunidad en la integración de carpetas de investigación, judicialización de casos y toma de decisiones en audiencia.
“Me siento muy agradecida con el fiscal general del Estado, el fiscal de la Zona Centro y con la Dirección de Seguridad Pública, con quienes tuvimos este conversatorio. Creo que es el primero de muchos ejercicios de colaboración para fortalecer la impartición y la administración de justicia”, expresó.
Herrera Sandoval destacó que este tipo de reuniones permiten revisar de manera conjunta los asuntos que atienden tanto la Fiscalía como el Ministerio Público y las corporaciones policiacas, a fin de detectar fallas procesales o deficiencias operativas que pudieran incidir en la liberación de imputados por errores técnicos o falta de sustento jurídico.
Al ser cuestionada directamente sobre si la estrategia busca frenar la denominada “puerta giratoria”, la presidenta del TSJ respondió afirmativamente. “Es una coordinación que vamos a tener y constantemente estaremos atendiendo este asunto. Creo que hay un gran compromiso por parte del Poder Judicial y también de las instancias de procuración de justicia”, puntualizó.
Añadió que el fiscal instruyó a personal de la Fiscalía Zona Centro y del resto del estado a mantener encuentros periódicos con jueces y juezas, con el fin de sostener un intercambio constante de criterios y fortalecer la calidad de los procesos.
La magistrada adelantó que este trabajo será permanente y se revisará semana tras semana, con la intención de lograr mejores resultados en los casos más delicados y garantizar que las resoluciones judiciales se sustenten en investigaciones sólidas y actuaciones apegadas a derecho.