CHIHUAHUA, CHIH. – En un ejercicio de transparencia sobre las finanzas de Pensiones Civiles del Estado (PCE), el director de la institución, Heriberto Miranda, informó sobre los avances en la recuperación de cartera vencida, destacando un histórico acuerdo con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y alertando sobre fraudes legales contra mujeres trabajadoras.
Tras años de incertidumbre, Miranda confirmó que la UACH, bajo la rectoría de Luis Rivera Campos, finalmente reconoció el adeudo que mantenía con el organismo. Este reconocimiento permitió la firma de un convenio de pago anual que se suma a las cuotas mensuales ordinarias.
«El año pasado logramos recuperar un 20% del adeudo total que se tenía con la Universidad. Seguiremos visitando a los organismos afiliados para continuar en este tenor», señaló el director, aclarando que este y otros pasivos financieros son herencia de administraciones pasadas y no de la gestión actual.
A pesar de los abonos, el reto financiero es monumental. Heriberto Miranda detalló la radiografía económica de PCE:
- Adeudo total pendiente: 5 mil 500 millones de pesos.
- Gasto anual en nóminas: 3 mil 700 millones de pesos.
- Gasto en servicios médicos: 3 mil millones de pesos anuales.
- Subsidio estatal: La Secretaría de Hacienda aporta cerca de 6 mil 500 millones de pesos al año para garantizar que no se deje de pagar ninguna pensión, nómina o bono.
«Recuperar los adeudos nos ayuda, pero no es la solución total. Sin embargo, gracias al apoyo de Hacienda, no se ha dejado de pagar a ningún pensionado», enfatizó.
«Amparos Colectivos» innecesarios
En un tema de impacto social, el director hizo un llamado urgente a las mujeres trabajadoras para que no caigan en engaños de grupos de abogados que promueven amparos colectivos para dar de alta a sus parejas en el servicio médico.
Miranda explicó que este «modus operandi» solo busca enriquecer a ciertos despachos, ya que el trámite es gratuito y directo en la institución. Los únicos dos requisitos para que una trabajadora afilie a su pareja son:
- Que el beneficiario no cuente con otra derechohabiencia.
- Someterse a un estudio socioeconómico.
«No necesitan amparo para que puedan ingresar. No se dejen engañar por abogados que les piden dinero de su bolsa; acerquen con nosotros y las asesoramos sin costo», concluyó el funcionario.