Tribunal Colegiado ordena reabrir investigación por presunta extorsión contra ex consejero jurídico de Javier Corral y su socio

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reabrir la investigación en contra de Carlos Emmanuel A., conocido como “El Meño”, y de Maclovio M. Ch., ex consejero jurídico durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, por el presunto delito de extorsión.

La resolución corresponde al Amparo en Revisión 2055/2024, promovido por el abogado Irving Anchondo Valdéz, mediante el cual se concede la protección de la justicia federal a su representado y a su familia, dejando sin efectos la determinación de un Juez de Distrito que había validado el no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público estatal.

Previamente, la FGE había archivado la carpeta de investigación y determinado no proceder penalmente contra los señalados, pese a que habían sido denunciados por presuntos actos de extorsión y amenazas en perjuicio de un exfuncionario y sus familiares.

Con la nueva resolución, el Tribunal Colegiado revoca esa determinación y ordena reabrir la indagatoria, al considerar que existen elementos suficientes para que la Fiscalía investigue los hechos denunciados. En el caso de Maclovio M. Ch., se señala que los actos habrían ocurrido mientras ejercía funciones como consejero jurídico del Gobierno del Estado, lo que podría constituir una agravante al tratarse de un servidor público en funciones.

De acuerdo con el artículo 376 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito de extorsión contempla penas de entre 15 y 40 años de prisión, es imprescriptible y no admite beneficios como libertad anticipada, condena condicional, sustitución de sanciones u otras modalidades preliberacionales.

El abogado Irving Anchondo sostuvo que la resolución federal “confirma que la persecución emprendida en contra de exfuncionarios, familiares y particulares no constituyó una operación de justicia para Chihuahua, sino que, conforme a los hechos acreditados, respondió a un esquema de extorsión”.

Según la denuncia, Carlos Emmanuel A., presuntamente haciendo uso del nombre y la investidura del entonces consejero jurídico y aprovechando que ambos eran socios en un despacho jurídico, habría exigido al exfuncionario el pago de seis millones de pesos, bajo la amenaza de abrir nuevas carpetas de investigación y proceder penalmente en contra de su familia. Al no reunir la cantidad solicitada, el denunciante asegura que las amenazas se concretaron.

El testimonio del ofendido refiere que las intimidaciones incluyeron una visita al CERESO No. 1, donde supuestamente se le advirtió que su familia estaba siendo vigilada y que existían fotografías y videos como medio de presión para forzarlo a realizar el pago.

La defensa informó que, además de solicitar la pena correspondiente en la audiencia inicial que eventualmente se celebre, promoverá una reparación integral del daño estimada en aproximadamente 40 millones de pesos, que incluiría honorarios legales, así como indemnización por daños materiales, psicológicos y morales.

Por respeto al debido proceso y para salvaguardar la integridad de la víctima, la defensa reservó el nombre del denunciante, quien —según se informó— ha recibido amenazas adicionales atribuidas a Carlos Emmanuel A., hechos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

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