El abogado defensor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, Héctor Villasana, informó que la suspensión definitiva concedida por un juez federal contra la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no modifica la situación jurídica actual de su cliente, quien continúa privado de la libertad en el penal del Altiplano.
Explicó que esta medida implica que la causa penal no podrá avanzar más allá de la audiencia intermedia hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido contra la vinculación a proceso dictada en diciembre, cuando se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Detalló que la audiencia constitucional del amparo está programada para el próximo 5 de marzo, fecha en la que el juez federal entrará al análisis de los elementos presentados y determinará si la vinculación a proceso estuvo o no apegada a derecho. Mientras tanto, la suspensión definitiva busca evitar que el procedimiento penal avance a otra etapa sin que previamente se resuelva el fondo del amparo.
Villasana señaló que, en términos prácticos, la trascendencia jurídica de la suspensión es limitada, ya que el proceso sigue su curso dentro del plazo de investigación establecido, tanto para el Ministerio Público como para la defensa. Subrayó que la expectativa es que el amparo se resuelva antes de que se llegue a la audiencia intermedia.
Respecto a la comunicación con el exmandatario, indicó que actualmente se realiza a través de un abogado que se encuentra en la Ciudad de México y que cada quince días tiene oportunidad de ingresar al penal. Añadió que la defensa espera poder visitarlo directamente a finales del mes, luego de recibir autorización del centro penitenciario.
Sobre el estado de salud del exgobernador, informó que se encuentra estable y atendido dentro de las condiciones propias de un penal de alta seguridad.
En cuanto al brazalete electrónico, precisó que Duarte aún lo porta, ya que el juzgado del Altiplano no ha notificado formalmente al juez de Chihuahua sobre su estatus jurídico actual, lo que impide que se tome una determinación al respecto.
La suspensión definitiva fue otorgada por un juez federal con sede en Toluca, quien determinó frenar el avance del procedimiento penal mientras se resuelve el juicio de amparo. Duarte enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República por un presunto desvío superior a 73 millones de pesos.