Las cuentas públicas correspondientes a la administración del exgobernador Corral existen múltiples observaciones y recomendaciones “muy fuertes” por parte de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales, aseguró, Corral nunca dio respuesta.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las instancias fiscalizadoras correspondientes, quienes determinen el alcance de las revisiones tras la atracción del llamado “caso Corral” por parte de la autoridad federal, situación que podría implicar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) pierda atribuciones para fiscalizar entre el 70 y 80 por ciento de las participaciones federales.
Cuestionada sobre este escenario, la mandataria estatal evitó adelantar conclusiones y subrayó que tanto en el manejo de recursos federales como locales existen procesos y competencias claramente definidas. “Eso ya lo determinará la FGR y la Auditoría Superior de la Federación, así como la auditoría correspondiente en el ámbito estatal”, expresó.
No obstante, Campos Galván enfatizó que en la revisión de las cuentas públicas correspondientes a la administración del exgobernador Javier Corral Jurado existen observaciones y recomendaciones “muy fuertes” por parte de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales, aseguró, no fueron atendidas ni solventadas en su momento.
La gobernadora afirmó que dichas observaciones permanecen vigentes y que el exmandatario nunca ofreció respuesta ni explicación pública sobre los señalamientos realizados por la ASF. En ese sentido, cuestionó la imagen de probidad que Corral Jurado ha buscado proyectar.
“Él que se cree tan impoluto, pues otra vez su cobardía y su simulación ahí están; nunca respondió a esas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación”, declaró.
Finalmente, Maru Campos reiteró que el proceso de revisión y las eventuales responsabilidades deberán resolverse conforme a la ley y por las instancias competentes, tanto federales como estatales, sin politizar el tema y garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos.