El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas al Proyecto Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en las que se detectaron múltiples incumplimientos contractuales, pagos por bienes y servicios no recibidos, así como retrasos y modificaciones al proyecto sin el sustento jurídico correspondiente.
Durante su exposición, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) explicó que se realizaron dos revisiones formales: una auditoría forense y una auditoría financiera, ambas dentro de la Cuenta Pública de la SSPE y específicamente del Proyecto Centinela. Como resultado preliminar, se identificó que en diversos ejercicios se pagaron conceptos que no fueron entregados conforme a lo pactado.
Acosta Félix detalló que, en el ejercicio fiscal 2023, se aplicaron penas convencionales por apenas 1.9 millones de pesos, cuando, de acuerdo con los hallazgos de la auditoría, el monto debió ascender a cerca de 5 millones de pesos. Además, se documentaron retrasos en la ejecución de las obras de la Torre Centinela tanto en 2023 como en 2024, así como modificaciones al proyecto sin contar con el instrumento jurídico idóneo.
En el desglose de los incumplimientos correspondientes a la Cuenta Pública 2023, el auditor informó que no se entregaron 163 arcos carreteros, nueve filtros Centinela, mil 643 cámaras de videovigilancia, 239 drones, un sistema antidron, 65 tabletas electrónicas y los subcentros que debían operar en Ojinaga, Bocoyna, Madera y Nuevo Casas Grandes.
Respecto a la Cuenta Pública 2024, la revisión arrojó incumplimientos en la instalación de 30 arcos carreteros, 10 filtros, 17 video cámaras, además de 78 meses de trabajo no acreditados. Asimismo, continúan pendientes los centros de mando en los municipios de Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes.
Derivado de estos hallazgos, la ASE realizó un ejercicio técnico para determinar las penas convencionales y deductivas que la SSPE debe aplicar a la empresa responsable de la ejecución del proyecto, Seguritec. El cálculo cuantitativo arroja un monto de 98.4 millones de pesos, el cual se encuentra actualmente en proceso de confirmación para su cobro.
Acosta Félix explicó que, conforme a la normatividad, cuando existe un incumplimiento contractual, la dependencia contratante puede notificar las sanciones correspondientes, y el proveedor tiene el derecho de solicitar un proceso de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública. En este caso, se han llevado a cabo 14 reuniones de conciliación para analizar la procedencia de las penas convencionales determinadas por la auditoría.
El auditor precisó que, con base en la información de la Cuenta Pública 2024, se han retenido pagos correspondientes al tercer y cuarto trimestre a la empresa Seguritec, los cuales garantizan el monto de los 98.4 millones de pesos observados.
Finalmente, Héctor Acosta Félix subrayó que el contrato del Proyecto Centinela aún no ha concluido, lo que representa una ventaja para el Estado, ya que permite, a través de las recomendaciones de la ASE, evitar que el proyecto rebase el monto originalmente establecido y asegurar la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública ha atendido puntualmente las observaciones y recomendaciones emitidas por el órgano fiscalizador.