El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que la controversia generada en torno a la adquisición de camionetas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se detonó más por inconsistencias en el discurso público que por la compra en sí de los vehículos.
El funcionario explicó que la adquisición de cierto tipo de unidades para el traslado y custodia de servidores públicos suele responder a razones logísticas y de seguridad; sin embargo, señaló que lo que generó mayor molestia fue la afirmación de que con la compra de entre nueve y diez camionetas, con un costo millonario cada una, se lograría un supuesto ahorro de hasta mil millones de pesos.
Indicó que esta precisión fue la que detonó el interés y la polémica en redes sociales y en medios de comunicación, lo que resulta llamativo tratándose de una institución como la Suprema Corte. Añadió que la inconformidad ciudadana aumentó cuando posteriormente se informó que las unidades ya habían sido adquiridas, pero que no serían utilizadas.
De la Peña Grajeda sostuvo que este tipo de mensajes generan molestia e incertidumbre en la ciudadanía, por lo que enfatizó que los gobiernos deben actuar con total transparencia y que cada peso del gasto público debe estar claramente justificado y a la vista del contribuyente.
Recalcó que no es adecuado anunciar la compra de bienes públicos argumentando ahorros exorbitantes si no existe claridad ni congruencia en los números, ya que el gasto debe corresponder a una necesidad real vinculada a la prestación del servicio público.
Como antecedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas para sus integrantes y que iniciará el procedimiento para su devolución, luego de la polémica generada por su costo y su contraste con los llamados a la austeridad.
El máximo tribunal dio a conocer que los nueve ministros acordaron renunciar a los vehículos y solicitar que se active el proceso para regresarlos. En caso de que la devolución no sea posible, se analizará la posibilidad de que las unidades sean asignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, conforme a la normatividad aplicable.
La Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, para ampliar la información relacionada con esta decisión. La controversia surgió tras conocerse la compra de camionetas de la marca Jeep, con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar adecuaciones adicionales como el blindaje, destinadas a los nuevos integrantes del máximo tribunal electos por voto popular en junio de 2025.