CHIHUAHUA, Chih. — El año 2026 arranca para las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara de la misma forma en que han transcurrido las últimas décadas: entre la organización comunitaria y el desgaste de una lucha legal que, aunque ha ganado batallas en los tribunales, sigue estancada en la burocracia estatal y federal.
A través de un pronunciamiento de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), se denunció que la falta de voluntad política y la discriminación persisten como los principales obstáculos para que las sentencias ganadas se traduzcan en una mejora real de vida para las familias indígenas.
Victorias legales «en el papel»
Pese a que comunidades como Mala Noche y Huitosachi alcanzaron logros significativos durante 2025, el Estado Mexicano mantiene una deuda crítica en la ejecución de mandatos judiciales. Actualmente, existen ocho sentencias definitivas emitidas por tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no han sido acatadas cabalmente.
Estas sentencias abarcan problemáticas urgentes que vulneran la dignidad humana:
- Desplazamiento Forzado Interno: Casos de El Manzano y Monterde.
- Territorio y Consulta: Bosques de San Elías Repechique y Huitosachi.
- Identidad y Derechos Básicos: Tehuerichi y Mala Noche.
- Violencia y Medios de Vida: Cinco Llagas.
La responsabilidad: de la Federación a los Municipios
CONTEC fue enfática al señalar que la responsabilidad de materializar estos fallos recae en una cadena de mando que incluye a la Gobernadora del Estado, la Secretaría de Gobernación Federal, y las fiscalías tanto estatal como de la República (FGE y FGR). Asimismo, se vincula a instancias de salud, educación y al Congreso del Estado de Chihuahua.
«El cumplimiento de las sentencias es una responsabilidad ineludible. Las autoridades deben ejecutar, acatar y materializar lo ordenado por un juez en un fallo definitivo», dicta el comunicado, recordando que estas resoluciones vinculan a los tres poderes del Estado.
Un llamado a saldar la «deuda histórica»
Para las comunidades de Urique, Uruachi, Bocoyna, Carichí y Guadalupe y Calvo, el inicio de 2026 representa una nueva oportunidad para que las instituciones rompan con la inercia de la omisión. Los representantes comunitarios aseguran que no descansarán en su estrategia de litigio y gestión hasta que el territorio y la paz les sean restituidos.
La resistencia civil continúa, mientras la mirada de las comunidades indígenas permanece fija en los gobiernos municipales, estatales y federales, esperando que este año la justicia finalmente baje de los tribunales a la Sierra.