El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, se pronunció sobre la polémica generada en redes sociales tras el nombramiento de Francisco Garduño en un cargo vinculado a la educación pública federal, en medio de los señalamientos que persisten por su procesamiento derivado del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes en 2023.
El legislador morenista señaló que no tenía conocimiento preciso sobre el nombramiento ni sobre el estatus jurídico actual del exfuncionario, por lo que evitó emitir una postura categórica. No obstante, subrayó que, conforme a la Constitución, toda persona tiene derecho a desempeñar actividades laborales mientras no exista una resolución judicial que se lo impida.
“Desconozco dónde lo nombraron, la verdad es que no había visto la nota. No sé si ese nombramiento ya está realizado, pero todo mundo, conforme al quinto constitucional, tenemos derecho a elaborar mientras no haya una resolución que no lo impida”, expresó Estrada.
El coordinador de Morena precisó que el punto central es determinar si existe alguna restricción legal vigente que limite a Garduño para ejercer un cargo público. “Yo desconozco si del proceso derivado que tuvo Garduño haya tenido algún impedimento por una orden jurisdiccional de no poder desempeñar alguna función pública. Si ese fuera el supuesto, entonces no se podría; pero si no existe esa limitación, no le veo problema”, afirmó.
Las declaraciones del legislador se dan en un contexto de debate público y político, luego de que se diera a conocer la incorporación de Garduño a una responsabilidad dentro del ámbito educativo, lo que reavivó cuestionamientos sobre la responsabilidad de exfuncionarios involucrados en hechos de alto impacto, particularmente el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
Estrada insistió en que, más allá de la polémica mediática, el análisis debe centrarse en el marco legal y en el respeto al principio de presunción de inocencia, mientras no exista una sentencia firme o una resolución judicial que determine una inhabilitación para ejercer cargos públicos.