Mario Vázquez advierte riesgos de corrupción y uso político de programas sociales; señala a Ariadna Montiel

El senador de la República, Mario Vázquez Robles, lanzó una dura advertencia sobre los riesgos de corrupción que —aseguró— se detonaron a partir de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de la nueva Ley General de Aguas, al tiempo que cuestionó prácticas que calificó como “coyotaje institucional” dentro de dependencias federales, particularmente en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El legislador sostuvo que desde el debate de dichas reformas se alertó sobre un esquema en el que funcionarios federales aceptan y resuelven trámites únicamente a través de despachos de asesoría o consultoría específicos, presuntamente vinculados a quienes operan las propias dependencias. “Se crea una especie de intermediarismo forzado, donde si no se acude al despacho que ellos manejan, el trámite simplemente no camina”, afirmó.

Vázquez Robles señaló que esta práctica se ha denunciado de manera reiterada en Chihuahua, donde productores y usuarios del agua enfrentan obstáculos para cumplir con los requisitos administrativos si no recurren a determinados despachos. Para el senador, el problema no sólo es burocrático, sino profundamente económico y ético, ya que encarece los trámites y golpea directamente a los productores del campo.

En ese contexto, el legislador mencionó el nombre de Ariadna Montiel, al advertir que el costo indirecto de los trámites podría estar ligado a despachos relacionados con su entorno. “Eso es muy delicado, porque nos regresa a los tiempos del coyotaje y del intermediarismo, donde al final de cuentas al productor o al usuario le sale más caro cualquier trámite”, expresó, al subrayar que estas prácticas lejos de facilitar la productividad, la obstaculizan.

El senador también vinculó este fenómeno con el debate pendiente de la reforma electoral, al señalar que existe una participación ilegal y sistemática de funcionarios públicos en procesos electorales, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente. Recordó la intervención del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral federal y acusó la falta de consecuencias reales ante estas conductas.

En el plano local, Vázquez Robles afirmó que en Chihuahua es ampliamente conocido el activismo político de Ariadna Montiel en la Sierra Tarahumara, donde —dijo— se han utilizado programas sociales como mecanismos de pago político, condicionando apoyos a lealtades electorales. “Eso no puede normalizarse. Los recursos de los programas sociales no son de los funcionarios ni del gobierno, son de los ciudadanos”, enfatizó.

Para el senador, este tipo de prácticas vulneran la equidad democrática y deben ser discutidas a fondo en la próxima reforma electoral. Sin embargo, criticó que dicho proceso legislativo se esté construyendo sin diálogo real. “Morena dialoga con el espejo. Cree que así va a sacar los temas y que la sociedad los va a aceptar como normales”, reprochó.

Finalmente, Mario Vázquez Robles aseguró que desde la oposición existe la obligación política y ética de señalar y denunciar estas conductas, al considerar que la corrupción, el uso clientelar de los programas sociales y la falta de contrapesos institucionales representan un retroceso para la democracia, la legalidad y la productividad del país.

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