El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró extraño que el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo muestre resistencia a la instalación de tecnología de seguridad como la que ofrece la Plataforma Centinela, pese a que se trata de un municipio con problemáticas particulares en materia de seguridad.
El funcionario señaló que no conoce a detalle la opinión expresada por la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, pero destacó que resulta poco común que un municipio en dichas condiciones debata o se oponga a la instalación de un subcentro de este tipo. Indicó que, en su experiencia, cualquier otro alcalde del estado estaría dispuesto a recibir este apoyo tecnológico para fortalecer las labores de seguridad pública.
De la Peña Grajeda explicó que será necesario revisar, junto con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, la manera en que se podrá avanzar en este tema. Añadió que, en caso de que no exista cooperación por parte de la autoridad municipal, el Gobierno del Estado tendrá que buscar soluciones alternativas para garantizar la seguridad de la población.
Lo anterior se da en un contexto de tensión luego de que la alcaldesa Ana Laura González denunciara públicamente una campaña de calumnias, difamación y violencia política de género en contra de funcionarias de su administración, tras la difusión de videos en redes sociales que calificó como falsos y misóginos. La presidenta municipal aseguró que los ataques están dirigidos exclusivamente contra mujeres que ocupan cargos públicos en su gobierno y afirmó que no existen señalamientos similares contra funcionarios hombres.
González Ábrego sostuvo que las funcionarias señaladas se encuentran dispuestas a aclarar cualquier acusación ante las autoridades correspondientes y exigió que se investigue quién administra la página desde la cual se difundieron los videos, al considerar que se trata de una estrategia sistemática de desprestigio y violencia política. Mientras tanto, desde el Gobierno del Estado se mantiene la postura de priorizar la implementación de herramientas tecnológicas que fortalezcan la seguridad en la región, independientemente de los desacuerdos políticos o administrativos.