El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, señaló que el caso en el que dos empleadas del municipio de Guadalupe y Calvo realizaron disparos con armas de grueso calibre durante los festejos de Año Nuevo debe ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de un delito de competencia federal.
En declaraciones a medios de comunicación, el titular de la Fiscalía estatal explicó que las armas utilizadas en estos hechos son de uso exclusivo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, por lo que su portación y utilización fuera de los supuestos legales constituye un delito federal, independientemente de la identidad o cargo de las personas involucradas.
“Es importante que la Fiscalía General de la República inicie una investigación. Se trata de armamento que está prohibido su uso fuera del uso oficial que le pueda dar el Ejército Mexicano y algunas corporaciones policiacas”, precisó Jáuregui Moreno, al subrayar la gravedad del caso.
El fiscal reiteró que, conforme a la legislación vigente, la portación y el uso de armas de fuego reservadas para las Fuerzas Armadas es una conducta tipificada en el ámbito federal, por lo que corresponde a las autoridades federales llevar a cabo las indagatorias, deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder penalmente.
“Reitero que la investigación debe ser realizada a nivel federal porque el delito es federal. Acuérdese que la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército es una competencia federal. Nosotros siempre turnamos este tipo de asuntos con la federación”, puntualizó.
Los hechos, que se difundieron a través de redes sociales y generaron indignación entre la ciudadanía, han reavivado el debate sobre el uso irresponsable de armas de alto poder y la necesidad de aplicar la ley sin distinciones, particularmente cuando se trata de servidores públicos o empleados municipales.
Finalmente, Jáuregui Moreno dejó en claro que la Fiscalía General del Estado actuará conforme a sus atribuciones y, como en otros casos similares, dará vista a la FGR para que sea esta instancia la que conduzca la investigación correspondiente, garantizando que el caso se atienda conforme al marco legal y con estricto apego a derecho.