Chihuahua a 19 de diciembre.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, justificó las limitaciones establecidas en la recientemente aprobada Ley de Indulto —conocida coloquialmente como «Ley Beatriz»— ante críticas de centros de derechos humanos que cuestionan la exclusión de ciertos delitos del beneficio.
En entrevista, De la Peña reconoció que organizaciones humanistas han señalado que «no debería ser que unos delitos entren y otros se descarten». Sin embargo, defendió que estas restricciones buscan prevenir que futuros titulares del Ejecutivo estatal abusen de la facultad de indulto.
«Ayer sostuve una reunión con el Movimiento Estatal de Mujeres, donde me plantearon esta inquietud, que me resulta bastante interesante», relató el funcionario. Explicó que la ley regula una atribución exclusiva de la gobernadora, y que sin acotamientos podría «caer en la tentación» un mandatario posterior de indultar a funcionarios condenados por corrupción o delitos contra la administración pública.
«Imaginemos que en uno, dos o tres sexenios venga un gobernador y decida dispensar indulto a alguien procesado por actos de corrupción. Tenemos que prever estos escenarios para que no se convierta en una salida fácil o una invitación a infringir la ley como vocación», argumentó.
De la Peña resaltó que, tras 200 años de prever el indulto en la Constitución estatal, fue la gobernadora Maru Campos quien dio «un paso hacia adelante» al proponer su regulación con enfoque en justicia para mujeres vulnerables y personas indígenas. «Hay que acotarlo a eso, empezarlo a trabajar y que la realidad nos vaya diciendo hasta dónde ajustar esta legislación», agregó, respetando las opiniones críticas pero priorizando la prevención de abusos.
Sobre avances prácticos, informó que en la reunión con el Movimiento Estatal de Mujeres se anticipó que están preparando tres casos para solicitar indulto. Dos de ellos corresponden a mujeres de pueblos originarios: uno inspirado en el caso de Beatriz —de Chihuahua— y otro de una mujer guarijía. El tercero aún no fue detallado.
«Están trabajando en las propuestas conforme a la ley y, aparentemente, en las primeras dos semanas de enero las presentarán. Una vez integrado el comité previsto, estudiarán los casos para emitir opinión a la gobernadora, quien decidirá si se acreditan los supuestos», explicó.
Hasta el momento, no se ha presentado ninguna solicitud formal. De la Peña expresó satisfacción porque estos casos iniciales reflejan «el espíritu de la ley»: justicia restaurativa para mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente indígenas.
La Ley de Indulto, aprobada recientemente por el Congreso del Estado, busca corregir condenas injustas o desproporcionadas en casos específicos, pero excluye delitos graves como corrupción, delincuencia organizada y ciertos feminicidios, precisamente para evitar su uso indebido.