El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que la Fiscalía de Chihuahua apelará la decisión judicial que permitió la liberación de diez personas detenidas como presuntos responsables del ataque armado contra elementos ministeriales en el municipio de El Sauz el pasado miércoles.
Los sujetos habían sido asegurados tras un operativo en el que se les atribuye la participación directa en la agresión registrada recientemente en la zona rural de Chihuahua; sin embargo, el juez de control determinó que la detención “no estaba legalmente controlada”, motivo por el cual ordenó su liberación.
“El juez determinó que no estaba controlada la detención”, explicó Jáuregui. “No estamos de acuerdo, pero yo nunca cuestiono públicamente las decisiones del Poder Judicial; si no estoy de acuerdo, las apelo. Y en ese sentido volveremos a apelar”.
“No se cumplió con los términos legales”, dice el juez
El fiscal detalló que, según la argumentación del juzgador, el aseguramiento de los presuntos agresores no se realizó conforme a los procedimientos jurídicos establecidos.
“El juez dice que la detención no se hizo en los términos legales correspondientes”, señaló. “No estamos en absoluto de acuerdo, pero respeto las decisiones del Poder Judicial, sean cuales sean”.
Pese a ello, Jáuregui sostuvo que la Fiscalía cuenta con mecanismos legales suficientes para revertir el fallo y buscar que los presuntos responsables enfrenten el proceso penal correspondiente.
“Evidentemente habrá mecanismos para interponer recursos que puedan subsanar este, desde nuestro punto de vista, criterio equivocado de los jueces”, afirmó.
La Fiscalía insiste en sostener acusaciones
El funcionario aseguró que la institución que encabeza considera sólida la detención y la integración del caso, por lo que confían en que la apelación permitirá continuar el proceso contra los implicados en la agresión armada.
La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las líneas de investigación en torno al ataque en El Sauz, considerado un hecho grave que puso en riesgo la seguridad de elementos ministeriales y habitantes de la región.