Conocimiento de las demandas y su resolución corresponde al Poder Judicial
Chihuahua, a 5 de noviembre.– A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Educación y Deporte, General de Gobierno y Hacienda del Estado de Chihuahua reconocieron oficialmente que las denominadas Claves L y L Plus deberán resolverse conforme a los procedimientos legales establecidos y bajo conocimiento del Poder Judicial, luego de que las recientes reformas constitucionales en materia educativa (2013 y 2019) excluyeran estas claves de los esquemas vigentes de promoción magisterial.
La declaración llega tras semanas de presión del magisterio agremiado a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que exigía al Ejecutivo estatal transparentar la situación jurídica de los expedientes relacionados con estas claves, así como la desincorporación de los mismos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que pasen a jurisdicción del Poder Judicial.
Según el comunicado oficial, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto institucional, asegurando que “acatará con responsabilidad los resolutivos que determinen los tribunales, una vez que los procesos concluyan en forma definitiva”.
El origen del conflicto: una deuda histórica con los maestros
Las Claves L y L Plus representan un beneficio laboral y salarial que durante décadas formó parte del esquema de incentivos y promociones de carrera docente. Sin embargo, tras la reforma educativa de 2013 —impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto— y la posterior reforma de 2019, promovida por la administración de Andrés Manuel López Obrador, estos conceptos fueron eliminados de la normatividad vigente, lo que dejó a cientos de maestros en incertidumbre jurídica y económica.
Desde entonces, múltiples docentes han interpuesto demandas laborales para reclamar la restitución de sus derechos adquiridos, argumentando que el retiro de estas claves constituye una violación a su estabilidad laboral y a los principios de progresividad en materia de derechos humanos.
La postura del magisterio y el contexto estatal
En Chihuahua, la Sección 42 del SNTE ha encabezado una lucha constante para que el Gobierno Estatal reconozca la validez de las Claves L y L Plus y retire los expedientes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, alegando que este órgano carece de competencia para resolver el fondo del asunto.
Los maestros exigen que sea el Poder Judicial quien determine la legalidad de la eliminación de dichas claves y la posible restitución de sus efectos. Para ellos, este reconocimiento del Gobierno estatal representa un avance, aunque insuficiente, pues consideran que el tema requiere no solo resolución legal, sino también voluntad política para reparar los daños a los trabajadores de la educación.
Fuentes sindicales señalaron que continuarán vigilando el proceso y demandarán que la administración estatal brinde acompañamiento jurídico a los afectados, además de transparentar los montos y los casos específicos que se encuentran en litigio.
Compromiso institucional, pero sin soluciones inmediatas
El pronunciamiento del Gobierno estatal busca enfriar la tensión con el gremio magisterial, que en los últimos meses ha mostrado un creciente descontento por temas salariales, de prestaciones y por lo que consideran falta de sensibilidad en la gestión de recursos educativos.
Sin embargo, el comunicado también deja claro que la resolución del conflicto quedará en manos del Poder Judicial, lo que implica un proceso largo e incierto.
Mientras tanto, la Sección 42 ha advertido que seguirá exigiendo una solución integral y definitiva: “No se trata solo de trámites legales, sino del reconocimiento a la trayectoria y los derechos laborales de los maestros que construyen la educación pública en Chihuahua”, expresaron dirigentes sindicales tras conocerse el comunicado.
Con ello, el conflicto por las Claves L y L Plus entra en una nueva etapa, donde el desenlace dependerá del criterio de los tribunales y de la disposición del Gobierno estatal para garantizar justicia al magisterio.