Chihuahua, a 31 de octubre.– En respuesta a las declaraciones del delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Román Alcántar Alvídrez, quien afirmó que la nueva Ley de Aguas Nacionales beneficiará a los productores con títulos de concesión en regla, el senador Mario Vázquez Robles expresó su desacuerdo y advirtió que dicha legislación representa un riesgo para el campo mexicano, al debilitar la seguridad jurídica de los productores y centralizar el control del agua en el gobierno federal.
El legislador panista señaló que, tras un análisis realizado junto con especialistas en materia hídrica y agropecuaria, tanto de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales como de la nueva Ley General de Aguas, se llegó a la conclusión de que la propuesta afecta directamente a los productores agropecuarios, especialmente a quienes utilizan agua subterránea para la producción agrícola.
“Sin certeza jurídica sobre los títulos de concesión de agua no habrá inversión en el campo, ni créditos, ni posibilidad de producir. El vínculo tierra-agua es esencial para mantener la productividad y la estabilidad del sector agropecuario”, subrayó Vázquez Robles.
El senador enfatizó que la falta de garantías en la tenencia de los derechos de agua podría desalentar la inversión privada y agravar la crisis productiva del campo, contradiciendo el discurso oficial del gobierno sobre soberanía y autosuficiencia alimentaria.
Riesgos de centralización y criminalización del uso del agua
Vázquez Robles advirtió que la nueva legislación concentra facultades en el gobierno federal y debilita la participación de los productores, los módulos y asociaciones de riego, así como de los consejos de cuenca, que pasarían de ser actores operativos a meros entes consultivos sin poder de decisión.
“Le quitan al campo la capacidad de gestión y le dan todo al gobierno. Eso no es descentralizar, es controlar políticamente el agua”, afirmó.
El legislador también manifestó su preocupación por la eliminación de la posibilidad de transmitir derechos de agua vinculados a la tierra, lo que, dijo, “resta capacidad organizativa y limita la autonomía de los productores”.
Asimismo, cuestionó el uso ambiguo de términos como seguridad hídrica e interés público dentro de la iniciativa, los cuales, según explicó, carecen de sustento técnico y podrían ser utilizados discrecionalmente para restringir el acceso al recurso.
“La Constitución establece que las aguas son de la Nación, pero la Nación somos todos los ciudadanos. No se puede criminalizar a un productor por usar el agua de su propio pozo en cuatro o cinco hectáreas; eso es inaceptable”, puntualizó.
Vázquez Robles adelantó que en los próximos días los productores de Chihuahua y del país harán escuchar su inconformidad, particularmente en regiones como Delicias, donde la actividad agrícola depende directamente del uso racional y legal del agua.
“Estos cambios no son para fortalecer al campo ni para garantizar el futuro hídrico de México; son para concentrar el poder y mantener control político sobre el agua”, concluyó el senador chihuahuense.