Chihuahua, a 28 de octubre.— El director de los Centros de Reinserción Social en el Estado, general Ricardo Fernández Acosta, dio a conocer que se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los casos de personas privadas de la libertad que podrían acceder a los beneficios de la Ley de Indulto, principalmente adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
El funcionario explicó que esta medida, impulsada por el Gobierno del Estado bajo la administración de la gobernadora Maru Campos Galván, busca ofrecer una salida humanitaria a internos que ya no representan un riesgo para la sociedad, especialmente aquellos de la tercera edad o con enfermedades que requieren atención y cuidado fuera del entorno penitenciario.
“Hay muchas personas de la tercera edad, gente que realmente ya es más problema que estén en un lugar confinados a que se vayan a su casa. La idea es tratar de apoyar a toda esa gente que de una u otra forma tiene necesidad de que la apoyen más en su hogar”, expresó Fernández Acosta.
Más de un centenar de posibles beneficiarios
El director del sistema penitenciario detalló que, tras una revisión inicial, aproximadamente 111 personas podrían apegarse a este beneficio, entre ellas unas 30 mujeres y el resto hombres, en su mayoría adultos mayores.
Añadió que el proceso se realiza con sumo cuidado y bajo la supervisión de especialistas en el área jurídica, psicológica y social, con el fin de evaluar caso por caso y determinar quiénes cumplen con los requisitos para recibir el indulto.
“Se está revisando cada uno de los expedientes. No se puede determinar aún una sola persona; necesitamos que los especialistas analicen cada caso para tomar una decisión correcta sobre quiénes serán los beneficiados”, explicó el general Fernández.
Una medida con sentido humano
La Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, reformada recientemente, tiene como propósito garantizar un trato digno y humanitario a las personas privadas de la libertad, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema.
El beneficio puede otorgarse a internos que hayan cumplido una parte significativa de su condena, mantengan buena conducta y no representen un peligro social. Además, la ley contempla la intervención de diversas instituciones —entre ellas la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal— para asegurar que el procedimiento sea transparente y justo.
El reto: reintegrar con apoyo y dignidad
Fernández Acosta subrayó que uno de los principales desafíos es garantizar que las personas beneficiadas con el indulto cuenten con redes de apoyo, ya que muchos de ellos carecen de visitas familiares o vínculos cercanos.
“Algunos de estos internos ya no reciben visitas. Por eso también estamos trabajando en coordinación con instituciones y asociaciones civiles para que puedan tener un entorno digno al salir”, comentó.
[…] Revisan en Chihuahua casos para aplicar la Ley de Indulto a personas de la tercera edad en prisión […]