Chihuahua, a 24 de octubre.– El fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que la Fiscalía a su cargo abrió una carpeta de investigación relacionada con la renuncia de la jueza María Verges Cardozo, quien dejó su cargo a menos de un mes de haber sido electa en el primer proceso de elección popular de jueces y magistrados en Chihuahua.
Valenzuela Holguín confirmó que existen varias denuncias sobre el caso, tanto de colectivos como de manera anónima. “Debo decir que hay varias denuncias en el caso de la juez que decidió de manera unilateral renunciar”, explicó.
El fiscal detalló que, de acuerdo con el marco legal vigente, la dimisión de un juez electo por voto ciudadano debe ser procesada primero en el Poder Legislativo, antes de que cualquier otro órgano la acepte. “Se debió procesar primero en la instancia correspondiente, que es el Poder Legislativo. Nosotros ya empezamos a diligenciar esa carpeta de investigación, porque el Código Penal en su artículo 253 habla claramente del uso ilegal del ejercicio público, entre otros posibles delitos”, indicó.
Valenzuela cuestionó la facultad del órgano de administración del Tribunal Superior de Justicia para aceptar la renuncia de la jueza sin que antes el Congreso del Estado la hubiera discutido y aprobado. “Tiene que procesarse a través de la Comisión de Justicia, subirse al Pleno y dirimir esa renuncia. Me parece que debe dejarse un precedente muy claro, porque esta reforma no establece con precisión qué ocurre cuando un juez decide dimitir o renunciar, siendo cargos que podrían considerarse irrenunciables”, señaló.
Además, el fiscal anticorrupción destacó que la situación podría implicar una irregularidad adicional, dado que la jueza habría declinado su función electa para ocupar un puesto en una sala judicial. “Ahí es donde veo claramente que hay un problema y que debe dirimirse en las instancias correspondientes”, subrayó.
Finalmente, Valenzuela Holguín precisó que ya se giraron oficios tanto al Congreso del Estado como al órgano de administración del Tribunal Superior de Justicia para deslindar responsabilidades por la vía penal. “Por lo pronto, son cuatro o cinco denuncias las que se han recibido, y nosotros ya hemos comenzado a diligenciar esa carpeta de investigación”, concluyó.