Ciudad Juárez, Chih., 16 de octubre.– La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, se pronunció este miércoles sobre la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), en favor del exgobernador César Duarte Jáquez.
Campos Galván señaló que, al tratarse de una resolución proveniente de un órgano autónomo, el Gobierno estatal debe acatar sus disposiciones.
“Es una recomendación que emite Derechos Humanos y que tenemos que cumplir. El señor no tiene absoluciones, él sigue bajo proceso y tiene que cumplir con todo lo que la autoridad, sea por diversas instituciones, le recomiende o que sean vinculatorias en su persona”, expresó la mandataria.
Sin embargo, la posición de la CEDH contrastó con las declaraciones de las propias dependencias señaladas. Tanto la SSPE, encabezada por Gilberto Loya Chávez, como la FGE, rechazaron la recomendación en comunicados emitidos la tarde de ayer.
Loya Chávez informó que la SSPE aceptaba de manera parcial el resolutivo del organismo, pero negó categóricamente que se utilice la tecnología del sistema Centinela para vigilar o dar seguimiento a personas en particular.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado manifestó su desacuerdo total con la recomendación al argumentar que “no se cuenta con elementos firmes que demuestren actividad de vigilancia y/o supervisión dirigida hacia el quejoso”.
Pese a ello, el responsable estatal de la CEDH, Alejandro Carrasco, sostuvo que durante la investigación derivada de la queja interpuesta por Duarte Jáquez se comprobó la presencia de un vehículo especializado en videovigilancia —conocido como Escorpión— en el fraccionamiento donde reside el exmandatario. Además, aseguró que se identificó una unidad con placas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), perteneciente a la FGE, que habría seguido al exgobernador.
La controversia coloca nuevamente en el centro del debate público el uso de tecnologías de seguridad y la presunta vigilancia sobre personajes políticos en Chihuahua, mientras el exmandatario priista continúa su proceso judicial por presuntos delitos de corrupción durante su administración.